El TSJ ve «errores y descoordinación» en la censura de la juez de Alzira

El Tribunal Superior de Justicia ha cerrado la investigación sobre la prohibición a la prensa de informar sobre una querella relacionada con el pago de una factura del Ayuntamiento de Algemesí a un despacho de abogados.

El TSJ ha archivado el expediente gubernativo que se había abierto el pasado 11 de julio para aclarar las causas que habían motivado esta polémica resolución.

Una investigación que se abrió después de que la propia juez que había firmado la prohibición de informar sobre este asunto ya hubiera anulado dicha resolución. Por este motivo, el tribunal considera que se debe cerrar el expediente.

El TSJ explica que este caso se ha debido a «una simple descoordinación y errores internos corregidos por las vías legales sin perjuicio alguno para terceros». Otro de los aspectos que justifica el archivo de esta investigación es que no ha llegado a afectar a las partes del mismo.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, Pilar de la Oliva, explica que en la resolución dictada por la juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Alzira, Vanesa Pérez, «existían ciertos defectos determinantes de nulidad [...], defectos que no fueron observados hasta un momento posterior».

Otro de los aspectos que se destaca en el documento del TSJ es que la juez que firmó la controvertida prohibición de informar se encontraba sustituyendo a la titular del juzgado alcireño.

Como ya informó en exclusiva LAS PROVINCIAS, las explicaciones por parte del órgano judicial fueron que un funcionario redactó la providencia con las medidas cautelares que había solicitado el querellante, entre las que se encontraba la prohibición a los medios de informar sobre este tema.

La nueva juez, que apenas llevaba unos días en este destino, lo único que hizo fue firmar el documento pensando que se trataban de otras resoluciones que ella sí había acordado.

En el razonamiento jurídico que presenta la presidenta del TSJ también destaca que al solicitante de la investigación, el portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez, no se le efectuó ninguna notificación oficial.

Ello es debido «a que el sistema legal ha reaccionado corrigiendo de inmediato y con anterioridad a producir efecto perjudicial alguno el problema surgido», argumenta el Tribunal Superior.