Las causas contra aforados en el TSJCV suben un 59 % entre 2011 y 2013

Los asuntos incoados contra aforados en la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana han aumentado un 59 por ciento entre 2011 y 2013, pasando de 31 procesos en 2011 a 37 en 2012 y 59 el año pasado.

Estos datos han sido facilitados por el fiscal jefe de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, durante su intervención en el acto de apertura del año judicial, que se ha celebrado hoy en la Ciudad de la Justicia de Valencia con la asistencia del president de la Generalitat, Alberto Fabra.

Respecto a los casos de violencia de género, en 2013 se iniciaron 17.555 procedimientos, 1.800 de los cuales acabaron con sentencias condenatorias, otros 1.157 con condenas por conformidad y 1.884 con absoluciones.

Los fiscales solicitaron en veinticuatro ocasiones la prisión como medida cautelar para los procesados por violencia machista, 1.154 órdenes de alejamiento y 2.254 órdenes de protección.

En materia medioambiental las causas abiertas se incrementaron un 25 por ciento en relación a 2012, con especial incidencia en las relativas a incendios (227) u ordenación del territorio (171).

Las fiscalías de la Comunitat abrieron 193 diligencias por homicidio, un 23 por ciento menos que el año anterior, y tres por aborto (frente a las doce del año anterior, un 75 por ciento menos).

Los procesos contra la libertad sexual bajaron un ocho por ciento, las diligencias por robo descendieron un diez por ciento y los delitos por hurto subieron un 1,5 por ciento.

Asimismo, en 2013 se abrieron 116 causas por delitos relacionados con la seguridad laboral, frente a las 120 del año anterior.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha afirmado que "no hay que tener miedo" a los debates sobre los aforamientos o la modificación de competencias de la sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano para intentar gestionar "mejor" los asuntos de corrupción.

De la Oliva se ha pronunciado de esta forma durante su intervención en la Apertura del Año Judicial, donde ha estado acompañada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra; el presidente de las Corts, Alejandro Font de Mora; el fiscal superior del TSJCV, Antonio Montabes, y otras autoridades y representantes de la justicia.

En su intervención, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, se ha referido a la corrupción, y ha señalado que la concentración de estos asuntos en el TSJCV es una situación "excepcional", que "ha provocado encendidos debates sobre algunas modificaciones que convendría abordar para gestionar mejor las situaciones que se derivan de este tipo de pleitos".

Así, ha recordado que hay personas que abogan por modificar las competencias de las salas Civil y Penal y eximirlas de instruir y enjuiciar los asuntos que afecten a un tejido político "del que depende económicamente en muchas casos", como consecuencia de las transferencias competencias, "y con el que se debe relacionar".

Mientras que, por otro lado --ha proseguido--, hay quienes defienden la supresión de los aforamientos para evitar que sea una sala de rango superior la que afronte la instrucción y/o el enjuiciamiento.

Ante ello, ha aseverado que "no hay que tener miedo a los debates" y, a su entender, "hay que estar abierto a la discusión y hay que escuchar los argumentos sin perjuicios". "Tenemos entre manos --ha agregado-- un servicio esencial, importantísimo, que debemos poner en constante proceso de mejora. La ambición debe estar viva. Necesitamos esa ambición como un motor de mejora", ha insistido.

Y para ello ha pedido las "mejores condiciones" de trabajo. La corrupción, ha indicado, es "difícil" de destapar, y "la sofisticación de muchos de los delitos que la acompañan hace muy difícil, en ocasiones, pasar de los indicios a las pruebas".

Para que ello ocurra, ha abogado por una "apuesta inequívoca" a favor de la lucha contra una delincuencia "que se ha servido del amparo del propio Estado para materializarse". Así mismo, ha solicitado "voluntad política": "Nuevas leyes, procedimientos revisados, informatización de última generación, policía experta a disposición de los jueces y magistrados, un número aceptable de funcionarios, son algunas de las carencias más urgentes".

Al respecto, ha comentado que "no disponer de esos medios, solo retrasa lo inevitable", y ha agregado: "La confianza en que nuestro trabajo es un trabajo sin hipotecas forma parte de esa riqueza. La única alianza posible es la consecución del noble fin de impartir justicia de forma impecable. Poner obstáculos a ese noble fin solo perjudica a quien lo intenta, aunque pudiera parecer cosa distinta".

FALTA DE MEDIOS

Por otro lado, De la Oliva se ha referido a la "falta" de medios en justicia, y ha apostillado que no se ha alcanzado "una situación aceptable". "Claro que se han hecho esfuerzos, pero no ha sido, no es suficiente".

Ha puesto como ejemplos que se podría reducir la espera de seis meses por un despido; de dos años en un señalamiento de un asunto penal en Paterna o en Gandia; o disminuir extraordinariamente los casi 12 meses que hay que esperar para contar con un informe de los equipos psicosociales que se necesitan para decidir sobre una custodia compartida, o los 18 en la tramitación de una demanda por impago.

De la Oliva ha asegurado ser "consciente" de la situación económica de las administraciones públicas, pero ha pedido que el servicio de justicia sea considerado "tan prioridad" como la sanidad y la educación. "Puede que, en efecto, no sean tiempos de crear juzgados. Pero la inspección del Consejo General del Poder Judicial ha cifrado en 80 los nuevos órganos que deben crearse en la comunidad. Podemos discutir la cifra".

Por ello, ha insistido en que la justicia sea considerada igual que la sanidad y la educación: "Pilar fundamental de un estado social de derecho como es éste". Y ha reiterado: "Hablemos, busquemos nuevas fórmulas, hagamos un esfuerzo serio, conjunto, por alcanzar las mejores maneras de optimizar los recursos de que disponemos", ha agregado.

MÁS MEDIOS EN FISCALÍA

Por su parte, Antonio Montabes ha repasado los últimos datos en cuanto a diligencias abiertas en Fiscalía en el año 2013, y ha solicitado también más medios. En concreto, ha propuesto un aumento de plantilla, puesto que el ratio funcionario-fiscal que hay en la comunidad "es de los más bajos de España", y ha comentado que algunas fiscalías no tienen tramitadores, "lo que es malo para la justicia y para el ciudadano", ha apostillado.

También se ha referido a las sedes de Fiscalía de Alcoi y de Gandia. Respecto a la primera, ha comentado que no reúne unas condiciones mínimas para trabajar, y actualmente --ha recordado-- se está a la espera de un acuerdo entre la Conselleria y el Ayuntamiento para disponer de un local con "las condiciones adecuadas".

En cuanto a la sede de Gandia, el fiscal superior ha señalado que el conseller de Justicia prometió un nuevo emplazamiento, y ha mostrado su deseo de que se encuentre un local adecuado "en un corto plazo de tiempo". También se ha referido a la "necesaria" rehabilitación de las instalaciones en la Fiscalía de Benalúa.