«Quieren obligarnos a ir a una residencia»

«Quieren hacernos creer que sale más rentable llevarnos a una residencia que tenernos en casa con un cuidador, cuando está médicamente demostrado que la salud de un dependiente empeora al desarraigarlo de sus raíces». Gonzalo Nielfa es dependiente, presidente de ASIEM y su intención es permanecer en su casa. «La persona debe de decidir cómo quiere vivir. La clave es respetar nuestras decisiones porque podemos tomarlas y no obligarnos a ir a una residencia poniendo más caros a los cuidadores».

Estas declaraciones las ha realizado Gonzalo tras presentar ante la Conselleria de Bienestar Social alegaciones contra la nueva ley desarrollada por el Gobierno de la Generalitat. Esta nueva normativa es una modificación de la Orden 21/2.012, de 25 de octubre, por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía.

El Consell adoptó la decisión tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que en octubre anuló el decreto creado con anterioridad. En este sentido, Palmira Castellano, portavoz de las plataformas de dependientes lamentó que la Generalitat vaya a recurrir la sentencia y que, además «de recurrir, pretenda poner unas tasas para que siga recayendo parte del peso de los recortes en un sector tan débil como el de la dependencia y la discapacidad».

Unas tasas que, según advirtieron, no se corresponden con la realidad: «los precios que indican en la normativa son optimistamente bajos. No son reales», asegura Gonzalo Nielfa. «Estipulan que rondan los 1.100 o 1.200 euros, cuando la realidad es que las plazas se sitúan en torno a los 1.600 o más», añadió Castellanos en este sentido.

Además, quieren que se tenga en cuenta que la mayoría «de los dependientes no necesitamos estar en una residencia, que no las hay de carácter público y que para regular todos estos aspectos hace falta una normativa estatal que, en estos momentos, no existe y por eso la desarrollan las comunidades», resaltó Nielfa.

Castellano añadió que no están dispuestos desde las plataformas «a seguir pagando para tener a nuestros mayores en una residencia» y recordó que la normativa que se quiere poner en marcha «discrimina un poco a los menores» pues prima los recursos de los servicios sociales por encima de la figura del cuidador. Asimismo, recordó que el Consell, dentro de los presupuestos presentados el pasado viernes ya había introducido «ocho millones de euros» que van a ingresar a través de esta normativa. «Ahora falta por ver cuánto gastan», recalcó.