Bienestar social trabaja en una norma que aumente la libertad de elección de los usuarios de residencia de mayores

La Conselleria de Bienestar Social tiene la intención de cambiar la situación de las residencias que pueden optar a plazas de concesión. Según confirmaron fuentes del ramo que encabeza Asunción Sánchez Zaplana, se encuentran trabajando en un acuerdo marco que tiene la intención de integrar en una misma normativa «al mayor número de operadores posible en el ámbito de la atención residencial de mayores, en el que prime la eficiencia, la calidad de los servicios y la elección del usuario».

La intención es que el trámite se inicie «de forma inmediata» por lo que, desde el Gobierno valenciano, ya se han puesto en contacto con los representantes del sector para trasladarles «los elementos básicos que conformarán el acuerdo marco y se han recogido sugerencias que han permitido la mejora del documento».

Desde la conselleria destacaron que, precisamente, una de las «ventajas será que el usuario pueda tener libertad de elección, siempre dentro de un delimitado marco geográfico». Esta mayor capacidad para escoger es lo que los principales requisitos exigidos por el sector en los últimos años. Por ello, en estos momentos, continúan sin estar convencidos de que el nuevo convenio les satisfaga.

Además, desde Bienestar Social añadieron que habrá varios criterios que se valorarán para permitir que una residencia pueda entrar dentro del convenio de concesiones. Así, se tendrán en cuenta «las infraestructuras, los ratios de personal o la calidad de los servicios básicos y complementarios. Todo ello con la finalidad de normalizar la gestión para el conjunto de los operadores y primar a aquellos centros con mayores niveles de calidad en prestaciones y servicios», añadieron las mismas fuentes.

«En todo esto hay algo que no nos deja convencidos», asegura a este periódico la directora general de Aerte, María José Mira. «Porque nosotros lo que hemos exigido siempre es que todos los centros autorizados tengan la posibilidad de entrar dentro de las concesiones y, con los requisitos que exponen, no me queda claro que esto vaya a suceder».

En el caso de que la nueva normativa no permita incluir a todas las residencias, desde el sector tienen claro que la única «solución será acudir a los tribunales, como venimos haciendo hasta ahora». En este sentido, Mira apunta «que en estos momentos y desde 2001, sólo pueden concertar plazas los centros que tienen un contrato de accesibilidad, que son unos 50 de los más de 300 que existen en la Comunitat».

Ahora la conselleria pretende ampliar esta cifra, «aunque no parece que vayan a incluirlos a todos. Y me da igual si son de Aerte o no, porque estamos hablando de que los usuarios seguirán sin poder elegir libremente dónde quieren estar, así como de una vulneración de la libre competencia».

De momento, Mira quiere que quede constancia de cuáles son sus reclamaciones y qué harán en caso de que no se cumplan. Con todo ello, «no podemos más que permanecer a la expectativa hasta que aprueben el acuerdo marco». Pese a ello, «hablan geográficas y ya no lo entiendo. Del mismo modo que hacen referencia a las infraestructuras: ¿qué significa esto, que sólo entrarán los centros grandes? porque si es así, ya no los están incluyendo a todos».

Para tratar de explicar exactamente lo que quiere decir con sus reflexiones, la directora general de Aerte, se hace una pregunta: ¿qué pasa si alguien quiere una plaza en centros de menos de 50 personas y la norma no lo permite? En casos así no tendría libertad de elección y es incomprensible, porque no puede ser que unos padres puedan escoger a qué escuela llevan a sus hijos y una persona mayor, o su familia, no tenga la opción de hacer lo mismo», se responde.