José Manuel Ortuño
Martes, 23 de diciembre 2014, 20:45
«Los usuarios de residencias para mayores nos aseguran que la conselleria les pide ya el número de su cuenta bancaria para poder cobrarles las tasas a partir del año que viene». Jaime Estaban, coordinador de la Plataforma de la Dependencia, hizo ayer estas declaraciones justo después de que el Consell aprobara la nueva Ley de Acompañamiento, con la que sustituye el copago suprimido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
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Esta medida se convierte en un nuevo varapalo para los centros, que cada vez se verán con menor liquidez para hacer frente a los gastos corrientes de tesorería. Hasta ahora, el dinero del copago lo ingresaban directamente las residencias, sin embargo, las tasas se abonarán a Hacienda. «Esto supondrá que nuestros ingresos disminuirán, si a ello le unes que acumulamos entre siete y doce meses de impagos por parte de conselleria, la situación será todavía más límite que hasta ahora», admite a este periódico María José Mira, directora general de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad (Aerte).
«Sin dinero será imposible pagar el sueldo a los trabajadores, abonar la luz, el agua o la comida, de modo que pueden verse afectados los cerca de 20.000 usuarios actuales, puesto que decenas centros se verán obligados a cerrar», añadió.
«Este nuevo modelo de trabajo sería mejor para las empresas, porque supone estar menos pendientes de cobrar cada mes y del papeleo, que supone, pero en realidad se va a convertir en un quebradero de cabeza porque los usuarios están al día en los pagos, pero no sucede lo mismo con la administración».
El principal problema que ven los afectados con la nueva norma aprobada ayer es que se desconoce si el dinero se destinará a cuestiones relacionadas con Bienestar Social. «Consideramos que se trata de una medida recaudatoria», admitió Jaime Esteban, antes de insistir en que se trata «de un dinero que viene de los usuarios y que al día siguiente debería revertir en las residencias, pero es algo que no ocurre. Además, el sector no puede estar pendiente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para poder cobrar», reclamó.
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La tasa no sólo afecta a los usuarios de residencias para mayores, también repercutirá en todos los de centros de atención a personas con discapacidad que la Comunitat, como son los centros de días o las viviendas tuteladas.
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