Aerte pide información sobre adjudicaciones que podrían ser irregulares

La conselleria de Bienestar Social, el Consell Jurídic Consultiu y la Abogacía General de la Generalitat han recibido en las últimas horas una carta desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) en la que les reclama toda la información y documentos que existen relativos al procedimiento de nulidad de algunas adjudicaciones, «presuntamente irregulares», a algunas empresas del sector relacionadas con el denominado contrato de accesibilidad social (lo que se conoce como plazas concertadas).

«Primero se adjudicó un tercio de las plazas a determinados centros. Posteriormente, se adjudicó otro tercio en el que según la ley tendrían que haber optado el 100% de los centros, pero no fue así, ya que sólo entraron los que tenían concesión en el primero, por eso creemos que no se hizo correctamente», afirma María José Mira, secretaria general de Aerte.

La patronal del sector de residencias recuerda que no pide los documentos porque sí, sino porque está «personada como parte codemandada en los seis contenciosos presentados ante el TSJCV por este tema». Por ello exige «que nos dejen formar parte del proceso y que se nos informe de lo que sucede, puesto que ahora mismo sólo tienen en cuenta las alegaciones que presentan los centros de accesibilidad», añadió Mira.

A todo ello hay que añadir que el Consell Jurídic Consultiu ha determinado que, a partir de la conocida como Ley de Emprendedores, aprobada en 2014, todo lo que se adjudicó después del primer tercio debió licitarse a libre concurrencia. «Nosotros, por el contrario, creemos que debía hacerse así desde el principio y por ello decimos que existen presuntas irregularidades».

Ante todo ello, Mira considera que las autoridades les tendrían que haber dado audiencia y haberles informado de todo lo que sucedía «porque consideramos que el segundo tercio se tendría que haber abierto a todos desde el principio, en el año 2001».