A la espera del indulto

«Sólo pido libertad para estar con mis hijas. Vivo una situación injusta porque he pagado todas las multas que me han impuesto y aún así estoy pendiente de entrar en la cárcel». Son las desgarradoras palabras de una emocionada Sara González. Esta vecina de Aldaia asegura que una grave enfermedad la llevó a delinquir y que sus anteriores abogados la engañaron, por lo que ahora se encuentra a unos días de ingresar en prisión.

Además, según narró ella misma ayer en el Hospital de Manises, no me dejarían entrar en la cárcel «con mi hija menor, todavía lactante, cuando soy yo la que tiene que darle de comer», lamentó. En estos momentos, su actual letrado, Juan Gargallo, sigue pendiente del último recurso presentado y con el que pretenden hacer tiempo para esperar con tranquilidad la respuesta del Gobierno a la petición de indulto que ya ha sido respaldada por 120.000 firmas a través de Internet.

Sara González fue condenada por el juzgado de lo Penal número 12 de Valencia en septiembre de 2012 por sendos delitos continuados de estafa y falsificación documental. Los hechos tuvieron lugar, según confirma el actual letrado de la autora, «en marzo de 2009 a causa de su enfermedad».

«Cometí un error. Estoy enferma desde los 11 años, cuando ya sufría anorexia nerviosa purgativa y con 17, también bulimia. Me encontré una cartera y con la documentación que había compré móviles para revenderlos y así saciar mi enfermedad», señaló en un primer momento Sara. Luego explicó que quería «dinero para saciarme con la comida y luego tirarla, lo que es la bulimia. Y así, día tras día».

La condenada asegura que ese fue el motivo que la llevó a cometer los delitos, cegada por su necesidad. «No era consciente de lo que hacía. Sabía que estaba mal y que podía hacer daño, pero no que sería un delito tan grave», añadió.

Sin embargo, en la sentencia de conformidad -es decir, en la que ella aceptó la pena- «no se hace mención alguna a que se haya expuesto ninguna circunstancia extraordinaria que hubiera podido ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante», indicaron ayer fuentes del TSJCV. Esto significa que en ningún momento el juez tuvo constancia de la grave enfermedad que sufría la condenada.

En su continuación del relato, Sara admitió que estuvo «tres días en el calabozo y durante tres años firmando el día 11 de cada mes. Cuando ya había nacido mi hija la mayor (de tres años) me condenan a 6.400 euros y al pagarlo mi abogado me dijo que ya era libre». Este dinero hace referencia tanto a la indemnización como a las multas.

La condenada, según describe la sentencia, abrió una cuenta bancaria a nombre de una de las personas cuya documentación encontró en la cartera. Con las mismas tarjetas de crédito y DNI, firmó contratos con varias compañías telefónicas. Todo ello entre marzo y abril de 2009 y por un valor de 4.177,63 euros. Al abonar esta indemnización, se le suspende la pena por el delito de falsedad, aunque no paga en ese instante la multa por la misma, según indicaron desde el TSJCV.

«Yo he pagado todo lo que me han dicho, pero no tengo la culpa del error de un abogado, que no me lo comunicó», indicó. «Me dijo que había presentado un escrito para que se me declarase insolvente, que estuviera tranquila. Ahora tengo dos hijas, estoy curada y he rehecho mi vida. No me parece justo que me hagan todo esto por una multa que ha sido pagada», añadió González.

Pese a todo ello, desde el TSJCV aseguran que la condenada era consciente de que debía abonar estos 1.440 euros. En este sentido apuntan que fue la propia Sara quien pidió «que los 6 meses de cárcel por la estafa le fueran conmutados por una multa de 12 meses a razón de 4¤ diarios (1.440¤)», algo que el juez aceptó y, ese mismo día, «ya fue requerida de pago en la sentencia que se dictó». Como no abonó ninguna de las cuotas, según la condenada porque su abogado le dijo que no debía hacerlo, se le envía «un requerimiento personal a su domicilio».

Por su parte, Sara no entiende que el juez pueda «aceptar 720 de los 2.177 que pagué y me devuelva el resto para que entre en la cárcel». Ante ello, el TSJCV apunta a que se trata del cobro de la multa que le faltaba por pagar como consecuencia del delito de estafa.

Sara González lucha por seguir junto a sus hijas. Pide comida puesto que se halla en el paro, al igual que su madre. De hecho, «hasta ahora todo me lo ha pagado el cura que bautizó a mi hija mayor, y se lo quiero agradecer», explicó.