Hacienda rastrea por tierra y aire obras no declaradas en 207 municipios valencianos

«Si pagamos todos, pagamos menos». Esta sencilla premisa es la que ha llevado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a impulsar este año un intenso plan de regulación catastral, «un procedimiento de lucha contra el fraude para hacer aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados», según explicaron fuentes del propio Gobierno central.

Esta iniciativa, que arrancó en España en octubre de 2013 pero que no llegó a la Comunitat hasta marzo del pasado año, pretende sacar a la luz, por ejemplo, casas de campo que han ampliado su superficie con alguna nueva habitación, chalés que ha incluido en su estructura una buhardilla o, incluso, otra planta más; o pisos donde se ha llevado a cabo una reforma integral sin que, en ninguno de los casos, haya sido notificado correctamente al catastro inmobiliario.

Hasta el momento, las inspecciones llevadas a cabo por la Dirección General del Catastro se han centrado en más de 3.000 municipios españoles, 207 de ellos ubicados en tierras valencianas, pero la vigilancia pretende extenderse a prácticamente la totalidad de las localidades, inspecciones que terminarán de llevarse a cabo entre este año y el próximo 2016.

Este proceso extraordinario de regulación, sobre todo, pretende localizar inmuebles cuyos propietarios no tributan por ellos o construcciones en las que se ha hecho alguna modificación, y sus dueños no han abonado los impuestos pertinentes, al no haber sido notificada la obra.

Con fotos aéreas

Los técnicos de Hacienda encargados de desarrollar las inspecciones, además de las tradicionales visitas personales, cuentan con la ayuda de medios aéreos que, a través de ortofotos, verifican si las construcciones captadas concuerdan con la realidad declarada en el catastro.

Hasta el momento el ministerio ha aprobado ocho resoluciones en las que determina distintos bloques de municipios a inspeccionar, en la mayoría de los casos vigilancia solicitada por los propios ayuntamientos de las localidades. Así, la segunda de las resoluciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 10 de marzo del pasado año, contempla ya el primer grupo de localidades valencianas a inspecciones, con 14 municipios como Pego en Alicante, Orpesa en Castellón o Cofrentes en Valencia. Progresivamente, se fue ampliando el listado con 35 pueblos más en abril, otros 44 en junio, y 38 en julio, hasta llegar a, por el momento, los últimos 75 municipios incluidos en el plan de vigilancia en noviembre y otro más, en este caso Orihuela, reflejado en la resolución del 15 de diciembre.

La batida de inspecciones no hace distinciones de ningún tipo. Desde localidades costeras tan turísticas como Benidorm, Dénia o Cullera, a otras de interior como Requena, pasando por capitales de provincia como Alicante o Castellón de la Plana. El objetivo último es recuperar la maltrecha economía de los ayuntamientos, con una inyección de nuevos impuestos como el IBI, aunque desde Hacienda matizaron que «esto no implica necesariamente un aumento de recaudación, puesto que la afloración de inmuebles no declarados puede permitir a los consistorios rebajar los tipos de gravamen que aplican a la generalidad de los vecinos, sin mermar por ello sus recursos totales, ya que habrá más contribuciones».