José Manuel Ortuño
Sábado, 14 de febrero 2015, 11:15
El próximo día 25 se ha convocado en la Comunitat una huelga educativa de personal interino y estudiantes (esta continuará el 26). Se trata de la primera tras la sentencia del Supremo que permite a los mayores de 14 años no avisar en casa de que van a secundar la protesta, lo que tiene en vilo a los centros, puesto que existen dificultades que se pueden dar, puesto que al final son los responsables del menor durante las horas lectivas.
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La decisión judicial llegó, precisamente, tras una denuncia presentada por la Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya, que ha anunciado que respalda la huelga aunque no sea la convocante. De este modo, han mostrado su preocupación por la falta de estabilidad de las plantillas docentes en los centros de Infantil, Primaria e Institutos de Secundaria, así como se han posicionado en contra de los «principios injustos de la Ley-Wert» y de los contratos programa que aportan recursos económicos y docentes en función de los resultados.
En cuanto a los estudiantes y la sentencia, la confederación entiende «que el alumnado tiene derecho a decidir y a tomar decisiones», apuntan fuentes de la Gonzalo Anaya a este periódico. «Debemos educar a nuestros hijos en responsabilidades, capacidades y libres para tomar sus propias decisiones».
Pese a ello, y a la sentencia del Supremo, los directores de centros educativos sigue con dudas por lo que pidieron una solución a Educación. Consideran que genera inseguridad y creen que es incongruente, por lo que esperan un mecanismo que les exonere de cualquier responsabilidad. En este sentido, desde la conselleria han indicado que buscan la fórmula para que puedan avisar a los padres de que los estudiantes van a secundar la huelga. Además, aseguran que a principios de la próxima semana darán más detalles sobre cómo se llevará a cabo.
Por lo que se refiere a los contratos programa, resaltan que impulsan «la desigualdad entre los centros educativos al otorgar recursos económicos y docentes en función de resultados», mientras que ellos apostarían por hacer lo contrario. «Primero se detectan las necesidades de los centros y, entonces, se implementan los recursos necesarios para garantizar que ninguno se descuelga, quedándose al margen de trabajar por el éxito educativo".
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