Joaquín Batista
Sábado, 21 de febrero 2015, 14:33
El Ministerio de Hacienda requirió en 2012 a la Universitat y a la Jaume I la paralización de dos ofertas de empleo público que sumaban 74 plazas para promocionar a profesor titular y catedrático, con el argumento de que contravenían las normativas dictadas para la reducción del déficit por superar la tasa de reposición de jubilaciones (10%). Al no aceptarse la sugerencia, se presentó un contencioso administrativo, al igual que ha sucedido en muchos centros españoles.
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En cuanto al de la Universitat, en primera instancia se le dio la razón, al considerar el juzgado que las dos normas que fijaban limitaciones en materia de personal no afectaban a la convocatoria, entre otros motivos porque se aprobó antes de que las restricciones entraran en vigor. Eso sí, Hacienda ha presentado un recurso de apelación para intentar tumbarla. El Tribunal cita en su informe otras sentencias que sí se han pronunciado a favor del Gobierno. Además, ese mismo año la Universitat intentó impulsar una segunda oferta de empleo de 47 plazas, que en este caso no fue autorizada por la Conselleria de Educación al considerar que rebasaba la citada tasa. En cuanto a la Jaume I, aún no hay resolución oficial.
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