Piden casi tres años a dos agricultores por causar un fuego en un paisaje protegido

Dos hombres se enfrentan a dos años y nueve meses de cárcel por causar un fuego al realizar una quema de restos agrícolas en plena alerta máxima por riesgo de incendios forestales, según la calificación del ministerio público.

Los hechos se remontan a abril de 2012. Los dos acusados, J. F. y M. F., se encontraban en la partida de l Illeta, en el término municipal del Real de Gandia, localidad próxima a la ciudad ducal. Decidieron realizar una quema de restos agrícolas pese a que estaba en vigor una alerta de riesgo máximo de incendios por el viento de poniente de aquella jornada. Según el escrito de acusación, las rachas alcanzaban los 70 kilómetros por hora. Pese a esta circunstancia "no apagaron el fuego".

Tampoco adoptaron otras medidas de precaución como hubiera sido el desbrozamiento de una franja limpia de vegetación de al menos dos metros alrededor del lugar donde se realizaría la hoguera. Es más, la quema se efectuó en una zona muy próxima a la masa forestal.

Todas las carencias de medidas de seguridad anteriores, unidas a las condiciones meteorológicas -un 57% de humedad- hizo que el fuego se propagara por los terrenos cercanos. En total, las llamas calcinaron 1,4 hectáreas de vegetación de ribera, según detalla el escrito del fiscal. Algunos de los propietarios de las parcelas afectadas ya han sido indemnizados.

Además, el fuego alcanzó parte del paisaje protegido del Serpis, terreno que goza de una especial protección por parte de la Generalitat desde 2007. Las llamas afectaron gravemente a la fauna, que se encontraba en periodo de cría. La calificación del ministerio público añade que el fuego destruyó la escasa vegetación autóctona "que será colonizada por especies invasoras".

El incendio obligó a movilizar medios materiales y humanos. Cuatro autobombas, brigadas forestales y agentes de la Policía Local de Real de Gandia y Beniarjó. La fiscalía reclama a los acusados el pago de los costes de extinción, algo más de 1.000 euros. El ministerio público considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave de especial gravedad. Además de la pena de cárcel, solicita una multa de más de 7.000 euros.