J. M.
Martes, 11 de agosto 2015, 00:17
El conseller de Educación, Vicent Marzà, advirtió ayer mediante una farragosa nota de prensa de que «se ha acabado la barra libre para los conciertos educativos» y amenazó con no ampliarlos a partir del curso 2016-17. El mismo comunicado también anunció la aprobación de las alegaciones para las nuevas unidades concertadas de cara al próximo año lectivo. Habrá 44 más, por lo que se ratifica la propuesta del anterior Consell. De estas unidades, 39 se refieren al segundo curso de Formación Profesional Básica, el nuevo itinerario derivado de la Lomce que comenzó a aplicarse el pasado septiembre.
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El responsable autonómico explicó que en el diseño del curso 2015-2016 no ha habido tiempo de modificar la planificación existente sin perjudicar al alumnado y las familias que ya habían matriculado a los hijos y recalcó que «a partir de ahora la barra libre se ha acabado».
Las palabras de Marzà pronto encontraron la respuesta de la exconsellera de Educación, la popular María José Català: «Intenta justificarse ante los suyos por tener que validar una decisión que responde a la legalidad. Dejamos la planificación hecha obedeciendo al crecimiento vegetativo (unidades concertadas que pasan a un curso superior) y a la demanda de los padres». «Desconozco de qué barra libre habla en materia de educación, el PP habla de libertad de las familias a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos y peleará para defender los conciertos hasta el último minuto», dijo.
El nuevo conseller también aseguró que la enseñaza concertada es complementaria «allá donde la oferta pública tiene más dificultades» y manifestó que el anterior Consell llevó a cabo «una política de desmantelamiento de la educación pública». El comunicado va en la línea de lo que Compromís mantenía en su programa electoral: limitar el aumento de aulas concertadas a aquellas zonas en las que no haya plazas libres en colegios públicos.
El portavoz de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA), Vicente Morro, tachó de «falso» el desmantelamiento al que alude Marzá. «Se ha invertido mucho más en los centros públicos. La propia estructura del concierto sólo paga el profesorado, el resto de gastos dependen del centro», afirmó. «La enseñanza concertada es un derecho de las familias, no es complementaria. Pueden elegir una opción u otra», agregó.
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Català, por su parte, dijo que Marzá «cree en una educación en la que la Administración impone a los padres la educación que tienen que tener sus hijos» y le instó a manifestar públicamente, «de manera valiente», su intención de «cambiar la libertad por la imposición», de «ideologizar la educación».
El actual equipo de gobierno elaborará un mapa escolar valenciano que determinará las necesidades educativas de cada zona del territorio y, «en base a esta radiografía», actuará. Morro opina que «ahí veremos dónde existe más y menos demanda y a lo mejor se llevan una sorpresa».
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Tanto la Federación de Padres Católicos como el Partido Popular se muestran totalmente contrarios a la política educativa del Consell, amparándose en «en la Lomce y en el derecho a escoger por parte de los padres recogido en la Constitución».
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