El Consell insta a los bancos a paralizar los desahucios hasta que apruebe la nueva ley

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio se ha reunido con las once principales entidades financieras con sede en la Comunitat para explicarles cómo ven la situación actual respecto a los desahucios y cuáles son las medidas que tienen la intención de tomar en este sentido. Entre todas ellas, la principal será la redacción de la Ley de la Función Social de la Vivienda con la que se pretende evitar que se produzcan desalojos. Sin embargo, todavía tiene que redactarse y María José Salvador instó a los bancos a que establezcan una moratoria hasta que la normativa llegue a Les Corts.

El Gobierno valenciano continúa trabajando para paliar «la complicada situación en la que se encuentran las familias que han perdido su casa o se están a punto de ser desalojadas». Por este motivo, ayer se abordó este documento con medidas que debe llevar a cabo los bancos en relación a la Mesa de Prevención de los Desahucios.

María José Salvador pidió a los representantes de las entidades bancarias que se comprometieran a no realizar «ningún lanzamiento en viviendas habituales de personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, hasta que entre en vigor» la normativa que pretenden redactar.

En este sentido, desde la Conselleria de Vivienda reiteraron que se espera que llegue a Les Corts a lo largo de 2016, apuntaron que ya han iniciado el estudio de las diferentes medidas que puede recoger la ley para, de algún modo, obligar a los bancos a acabar con los desahucios y que en los últimos días han empezado a ver cómo articularla.

Con el objetivo de facilitar las relaciones entre todos los integrantes de la problemática que suponen los desalojos por no poder abonar las hipotecas, la conselleria ha solicitado también a los bancos que agoten, en cualquier caso, «todas las vías de negociación». Asimismo, quiere que se comprometan a colaborar -mediante un interlocutor- con la Mesa para la Prevención de Desahucios, de todas «las situaciones de impago que pueden conllevar el riesgo de la pérdida de una vivienda habitual». Todo ello con la intención de que activen todos «los canales de mediación que puedan suponer el encontrar un solución al problema».

Por su parte, desde la Plataforma dAfectats per Hipoteques (PAH) de Valencia advirtieron que el Consell «debe de tomar medidas urgentes que paralicen todos los desahucios. Por eso exigimos una ley con la que evitar que continúe ocurriendo en el futuro todo lo que está pasando ahora mismo y, sobre todo, lo sucedido en los últimos años».

Exigen rapidez al Consell

Una normativa, insistieron, que tiene que ponerse «cuanto antes en marcha. Han dado un plazo de un año, pero nos parece excesivo. Queremos que se redacte a mayor velocidad porque hay gente que no puede esperar tanto tiempo. Además, hay que mover el parque de vivienda pública que ahora no existe y hasta que no se produzca, el problema no se va a solucionar», explicaron.

Otra medida que pidió María José Salvador a los bancos es que ofrezcan «las viviendas de que dispongan para alquiler sostenible». En ese sentido, las fuentes consultadas por este periódico aseguran que se puso de relevancia la actitud mostrada por Bankia, que hace tiempo firmó un acuerdo para la cesión de 300 pisos y, además, aporta una subvención de 200.000 euros con los que ayudar a las familias que no pueden costearse un hogar.

En cuanto a las entidades financieras, desde la conselleria reconocieron que cuentan con la colaboración de todas ellas y que su predisposición en torno a la situación de los desahucios es positiva. Algo que incluso señalaron a LAS PROVINCIAS distintos bancos consultados.

Así, un portavoz del Sabadell se mostró tranquilo con la instancia del Consell puesto que su entidad no puede paralizar ningún «desahucio porque no hemos hecho ningún lanzamiento forzoso últimamente, pues somos los primeros conscientes del problema habitacional e, incluso, contamos con un grupo de trabajo que se encarga de estar atento a ello y siempre negociamos caso a caso», indicaron.

Desde La Caixa, que ha puesto 1.600 pisos en la Comunitat a disposición de colectivos con pocos recursos, aseguraron tener absoluta predisposición a colaborar con las administraciones, mientras que representantes de Cajamar recalcaron que, tras la exposición de medidas de la consellera, van a analizar y estudiar la propuesta. Bankia, por su parte, también recordó que no desaloja a personas en situación de especial vulnerabilidad.