J. M. ORTUÑO/AGENCIAS
Miércoles, 21 de octubre 2015, 00:16
José Antonio Fernández Sánchez, director de recursos minerales del Instituto Geológico y Minero (IGME), contradijo ayer en el juzgado número 4 de Vinaròs a su excompañero y reconoció durante su declaración por el caso del proyecto Castor que sí conocía la existencia del informe del Observatori de l'Ebre que en 2005 advirtió del riesgo sísmico en la zona.
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Jesús Gómez de las Heras fue el coordinador y quién firmó el estudio realizado por el IGME que propició la concesión del almacén de gas a Escal UGS por parte del Gobierno y admitió el lunes que no era conocedor del peligro por terremotos al norte de la Comunitat.
Sin embargo, el director de recursos minerales y geoambiente de esta entidad pública, Fernández Sánchez, aseguró ayer ante el juez Víctor Capilla que sí que era consicente de que podía haber temblores en el Mediterráneo. Así lo indicó a la salida del tribunal Fanny Conde, la abogada de la ONG Arca Ibérica, que ejerce de acusación particular.
El segundo imputado que declara, según apuntó la letrada, admitió conocer el informe del Observatori de l'Ebre de 2005 «en el que, además de alertar sobre los riesgos se proponían medidas correctoras como la instalación de testigos para controlar dicha actividad y la realización de prospecciones», indicó.
Fernández Sánchez sí que hizo declaraciones similares a las de Gómez de las Heras a la hora de advertir que al IGME realizó el análisis para el ministerio en 2007 con arreglo a la propuesta de la Administración. Asimismo, señaló que no llevaron a cabo ningún trabajo para comprobar si la propuesta de Escal era correcta y destacó que, a su parecer, la actividad en la falla Castor (conocida y cartografiada por los expertos tras los temblores de 2013) se produjo a raíz de las inyecciones.
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En cuanto al periodo de alegaciones, el experto del Geológico declaró que hubo un periodo de consultas en las que se podían presentar, pero que a la entidad no llegó nada, añadió Conde.
De este modo, los dos primeros imputados en declarar se contradice en cuanto al conocimiento del riesgo de seísmos. Unos temblores que luego superaron los 4 grados en la escala de Richter y obligaron a la Fiscalía a iniciar las investigaciones que ahora continúa el juez. Mañana será el turno de quien era en 2007 director de Geología y Geofísica, Roberto Rodríguez Fernández. Cabe recordar que el propio IGME, seis años más tarde, tras los terremotos realizó un segundo informe que sí hablaba del peligro sísmico. De momento se desconoce cuando declararán el resto de imputados por el proyecto Castor, entre los que hay varios miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Gastos similares
El fiscal jefe de Castellón José Luis Cuesta ya destacó el pasado lunes que tratan de averiguar por qué nadie hizo referencia al peligro de seísmos en los distintos informes presentados para desarrollar el proyecto Castor, cuando luego sí hubo temblores que obligaron a cerrar el almacén y a cederlo a Enagás para que lo mantenga en hibernación mientras se decide su futuro. La empresa gasista, en este sentido, en la presentación ayer de sus resultados resaltó que ya ha ingresado 12,9 millones de euros por los trabajos en Vinaròs, aunque su presidente añadió que de momento sus gastos ascienden a los 12,3 millones.
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