El juzgado de Cortes deja en manos del fiscal seguir investigando el derrumbe

El juzgado de instrucción número uno de Requena ha practicado «todas las diligencias acordadas» en torno a las circunstancias que motivaron el derrumbe de tierra ocurrido el pasado mes de abril en Cortes de Pallás que causó heridas leves a un vigilante de la central hidroeléctrica La Muela-Cortes y que aún mantiene aislado por carretera al municipio valenciano. La causa judicial ha sido remitida por la juez a la fiscalía «para que informe», como indicaron desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Fuentes municipales indicaron a LAS PROVINCIAS que los informes solicitados por la juez (a Iberdrola, al propio Ayuntamiento de Cortes y, sobre todo, a la Policía Judicial) apuntan a vincular lo sucedido con las abundantes lluvias caídas en las semanas previas al corrimiento de tierra. La petición del juzgado al realizar la pericial fue determinar «si el desprendimiento fue motivado exclusivamente por causas naturales o si influyeron aspectos relacionados con el estado de conservación». Como publicó en exclusiva este periódico, un informe del Instituto Geológico y Minero señaló la presencia de circunstancias que aumentaron «la susceptibilidad de la ladera a ser inestable», entre ellas las vibraciones sufridas por el macizo con la perforación de túneles para crear la red subterránea de la central de Iberdrola.

Planes de emergencia

Las citadas fuentes municipales señalaron que los informes pedidos por el juzgado y aportados a la causa también mencionan la inestabilidad de la ladera y las vibraciones, pero sin darles un papel determinante ni desencadenante sobre lo sucedido. Otra diligencia solicitada por el juzgado fue un informe sobre el siniestro de la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como que Diputación, Generalitat e Iberdrola dieran cuenta «de los distintos planes de emergencia disponibles» en la zona, como señalaron desde el TSJCV.

Desde el Tribunal Superior no facilitaron más contenido de las diligencias practicadas ni el pronunciamiento exacto de los informes sobre las causas del hundimiento. Ahora, el procedimiento queda en manos del informe de la Fiscalía, que dictaminará si considera suficientes las pruebas practicadas, si se han aclarado todos los extremos relativos al derrumbe o si hay que llevar a cabo alguna otra diligencia de investigación. La causa queda «pendiente de lo que la Fiscalía diga», como puntualizan desde el Tribunal Superior de Justicia.

7.000 metros cúbicos

Los informes aclaratorios sobre el corrimiento de tierra tardaron en llegar. Como publicó este periódico en agosto, el juzgado de Requena recibió a finales de abril un primer atestado preliminar de la Guardia Civil sobre lo sucedido, pero en pleno verano, cuatro meses después del siniestro, aún no había recibido los otros dos exámenes de expertos. En los dos últimos meses, la investigación se ha acelerado, hasta culminar con el envío de la causa a la Fiscalía.

Tras el hundimiento de 7.000 metros cúbicos de tierra y piedras, LAS PROVINCIAS publicó cómo numerosos estudios hablaban ya de la fragilidad de la zona de Cortes en la que se halla enclavada la central. Así, un informe de la sección de Ingeniería del Terreno y Urbanismo de la Politécnica ya subrayaba el riesgo geológico «muy alto» del citado paraje de Cortes de Pallás.

No era el único examen de expertos que catalogaba de inestable el escenario del derrumbe. El mapa de la hoy inexistente Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (Coput), confeccionado hace 17 años, en 1998, señalaba que toda la franja en la que se sitúa la infraestructura hidroeléctrica se ubica en una zona catalogada por el mapa de la conselleria con «riesgo de deslizamiento alto».

El estudio más detallado conocido hasta ahora sobre lo sucedido en Cortes de Pallás vino de la mano del Instituto Geológico Minero, no como un paso dentro de la investigación, sino como un estudio realizado de manera particular por el organismo nacional dentro de un fichero interno de corrimientos de tierras en toda España. Dicho documento ponía sobre la mesa los 170 litros por metro cuadrado caídos en la zona los seis días previos al derrumbe como «desencadenante» del suceso. Pero hablaba de seis causas relacionadas: cinco vinculadas a las condiciones geológicas del terreno -material fracturado, inclinación de la ladera, contraste de permeabilidad, erosión y tensiones naturales o lajamiento- y otra ligada a las vibraciones sufridas por la zona en los últimos años.