El juez del Puerto apunta ahora a la compra del yate y encarga a Fomento un informe

El juez que investiga la gestión de Rafael Aznar en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) concentra ahora sus pesquisas en el yate que la institución adquirió en 2007 para la Copa América. Este asunto ha sido siempre uno de los más espinosos en la actuación del expresidente quien ahora se encarga de las relaciones internacionales del recinto. La embarcación costó en su día 4,1 millones y generaba un gasto de mantenimiento de otros 400.000 euros anuales. Uno de los informes de la Intervención del Estado calificó el desembolso de «suntuario» y «superfluo» a los intereses generales. De hecho, el nuevo presidente del Puerto, Aurelio Martínez, se plantea venderlo. Actualmente apenas se usa unos cien días al año. La embarcación mide 28 metros de eslora y tiene capacidad para 50 personas.

El instructor ha acordado, tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el Ministerio de Fomento designe a un ingeniero naval, que actuaría como perito, para que analice el contrato por el que se compró la embarcación , así como el coste real de un barco de estas características. De igual modo, el juez solicita que se aclare qué control si lo hubo se ejerció por parte de la APVsobre la adquisición.

Aznar, durante su declaración en el juzgado como imputado, justificó la iniciativa por la promoción institucional que lograban. Es decir, el yate facilitaba los contactos comerciales que, en definitiva, terminan en negocios para la institución. Además, recordó que otros grandes puertos españoles del nivel de Valencia, también disponen de este tipo de medios para completar la misma función. En aquella comparecencia, el fiscal le recordó que un año antes se había alquilado un barco cuyo coste ascendió a 150.000 euros.

Dos partes del caso

La investigación a la Autoridad Portuaria de Valencia se dividió hace más de un año en dos piezas. Por un lado, el cobro de sobresueldos por parte del expresidente del Puerto de Valencia y otros directivos a través de la sociedad Valencia Plataforma Intermodal (VPI). Por otra parte, la gestión más directa de Aznar al frente del organismo entre la que se encuentra la citada compra de la embarcación.

El fiscal repite ahora el mismo método que empleó hace unos meses para aclarar otras de las actuaciones bajo la lupa de Anticorrupción: la demolición del tacón de un muelle. El trabajo del experto designado por Fomento en este caso un ingeniero de caminos reveló la falta de justificación de 1, 5 millones en esta obra.

Al respecto, hay que recordar que la Autoridad Portuaria de Valencia adelantó 3,5 millones de euros a MSC a quien se le adjudicó la obra sin concurso. En su declaración, Aznar explicó que se trataba de una inversión prevista y que se le dio a la mercantilporque estaba realizando una actuación de mayor envergadura en el entorno de esta infraestructura. Precisó que el Consejo de Administración aprobó el procedimiento. La intervención finalmente terminó en manos de la constructora Cyes.

Las conclusiones del informe, que se entregaron al juez hace aproximadamente un mes, llevaron a Anticorrupción a solicitar al Puerto quiénes eran los responsables de controlar ese proyecto. La institución informó que además del propio Aznar, también figuraría esta tarea entre las obligaciones del director general de la APV, Ramón Gómez Ferrer y el ingeniero Marcelo Burgos, que entonces era el responsable de obra civil.

No obstante, el titular del juzgado de Instrucción número 14, que investiga estas irregularidades, ha decidido frenar estas comparecencias que deberían producirse bajo la condición de investigados, la nueva denominación de imputados, tal y como solicitó el fiscal del caso. Aclara que se decidirá al respecto una vez estén en el juzgado el resultado de otras pruebas solicitadas, según consta en una providencia. Entre ellas, se encontraría un informe que podría rebatir el trabajo del perito de Fomento.

Al margen de las dos cuestiones anteriores, se investiga la obra del acceso alternativo al Puerto de Valencia, realizada únicamente para las carreras de Fórmula 1 y parte de cuyo coste se perdonó a Valmor. Además, se analizan supuestas irregularidades en el encargo del plan estratégico a una empresa en la que trabajaba una de las hijas de Aznar y la aportación de diferentes cantidades a fundaciones o entidades sin aparente relación con el recinto.