La ley obliga a los alcaldes a proteger y promover los festejos taurinos

Los aficionados taurinos de Benigembla se llevaron una alegría al poder disfrutar del bou embolat. A priori, todo indicaba que el animal no iba a salir del camión, puesto que el alcalde, el socialista Rogelio Taverner, decidió suspenderlo. El municipio estaba dividido por el festejo. Compromís pidió que se denegara el permiso, y así lo hizo el primer edil. Sin embargo, la res acabaría en las calles de la localidad.

La situación se solventó en el último momento. La Associació de Bous de Benigembla se puso en contacto con la Federación de Peñas de la Comunitat, que puso en marcha su maquinaria jurídica. Los argumentos eran contundentes, y Taverner no tuvo más remedio que permitir el bou embolat.

Y es que el sector de los bous se acogió a la normativa vigente. En concreto, a una ley vigente desde el 13 de noviembre de 2013, cuando la publicaba el Boletín Oficial del Estado (BOE). El texto, aprobado por las Cortes Generales, señala que la "tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural", como así se demuestra que ya lo regulaba Alfonso X el Sabio en el siglo XIII.

Además, el preámbulo añade que los espectáculos taurinos "incluyen no sólo a las corridas de toros, sino un numeroso conjunto de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro, que a su vez comprenden lo que hoy entendemos por tauromaquia" y todo "esto es signo de identidad colectiva". Asimismo, también apunta la ley que se trata de una actividad "desvinculada de ideologías en la que se resaltan valores profundamente humanos, como la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta".

Trascendencia económica

No olvida tampoco la ley el hecho de que la sociedad "española es muy diversa" y muchos ciudadanos "han manifestado su preocupación por el trato que reciben los animales". En ese sentido, el Gobierno considera que en estos instantes "existe un consenso en la aceptación mayoritaria del carácter cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia", de modo que supone una "responsabilidad de los poderes públicos asegurar la libertad del creador y, en este caso, de desarrollo de cualquier expresión artística". El escrito continúa su argumentación y destaca la notable trascendencia económica que entraña, de modo que el Estado debe fijar "las directrices de ordenación del sector" en su "doble e inseparable" aspecto patrimonial y financiero.

Con todo ello, advierte de que la Constitución, en su artículo 44, indica que los poderes públicos "promoverán y tutelarán el acceso a la cultura". Asimismo, en el 46 se subraya que los dirigentes "garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España", mientras que el 149.2 apunta que, "sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural" entre las regiones.

Todas las circunstancias anteriores, según recoge la ley, conllevan un "deber general de protección y, a su vez, unas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado" en un marco de colaboración entre los diferentes gobiernos. Como subrayó a LAS PROVINCIAS el presidente de la Unión Taurina de la Comunitat (UTCV), Vicent Nogueroles, "los ayuntamientos no sólo no pueden prohibir los bous al carrer, sino que deben protegerlos y promoverlos".

El también presidente de la Federación de Peñas añade a este periódico que este fue "la causa por la que finalmente se celebró el toro embolado en Benigembla" y, asimismo, "uno de los motivos por los que consideramos que las diferentes consultas que hay en todo el territorio valenciano son ilegales".

De este modo, en todos los municipios en los que haya dudas sobre si se celebran festejos "vamos a actuar igual que en Benigembla para que haya toros sin un referéndum que, como hemos podido comprobar, son inconstitucionales". Algo que, como reconoció, "en momentos como los actuales en las que nos atacan desde distintos puntos, nos da una inyección de moral".

Por otra parte, recalca que se trata de consultas que en "ningún caso son vinculantes" y además, "son muy fáciles de adulterar", una situación que, obviamente, no les acaba de agradar. Así lo indicó también un portavoz de las peñas en Silla, "donde jamás ha habido un brote antitaurino y siempre se han celebrado festejos", pero será otro municipio que preguntará a sus vecinos. "La consulta, al menos aquí, es fácil de manipular. Entre otros motivos porque no se efectúa un voto directo, sino que se puede votar a través de tabletas y dispositivos electrónicos. Así, cualquiera que tenga conocimientos en informática puede manipularlo, tanto a favor como en contra", alerta Rafael Gomar.

De momento, siguen a la espera de que el Consistorio "reconsidere" su postura. Algo que no hizo el Ayuntamiento de Aldaia, donde triunfó el no y que ahora se enfrenta a las acciones judiciales del sector taurino.