Concertados y guarderías crean un frente común ante el acoso de la política educativa

El Ateneo Mercantil de Valencia fue el escenario elegido para la presentación ayer de la Mesa por la Educación en Libertad, en la que están representados la mayoría de los colegios concertados y las escuelas infantiles de la Comunitat, incluyendo tanto a titulares como a trabajadores y familias.

La iniciativa es novedosa en el sentido de que el sector está poco habituado a visibilizar conjuntamente sus reivindicaciones, postura más propia de la red pública. Y aunque evitaron colgarse la etiqueta de perjudicados por las medidas del Consell, a nadie se le escapa que su principal punto de unión es, precisamente, la incertidumbre derivada de la nueva política, ya concretadas en iniciativas como el proyecto de aulas públicas de dos años o esbozadas en proyectos como el futuro decreto de admisión.

La mesa está conformada por la Federación Católica de Ampas de Valencia (Fcapa), la Federación de Centros de Enseñanza (Feceval), Escuelas Católicas (Escacv), la Asociación de Escuelas Infantiles (Adeiv-Acade), la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunitat (Fsie) y la Unión Sindical Obrera (Uso-cv).

La declaración constituyente leída ayer se basa en tres principios: «Fomento de la libertad de educación en todos sus ámbitos, derecho de las familias a la libre elección del modelo educativo, pedagógico y del centro que deseen para sus hijos y respeto al derecho que asiste a los padres para que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Además, se crea como un «órgano de vigilancia, control y denuncia ante cualquier agresión a estos derechos y libertades».

Durante la presentación se dijo que trabajarán planteando propuestas sobre las iniciativas «que afecten a estos derechos fundamentales», en palabras de Vicente Morro, presidente de Fcapa. Se refirieron a casos como el distrito único -«es algo que no nos deja tranquilos»-, al decreto de admisión que abre la puerta a su eliminación y acaba con los puntos de los centros o al efecto del programa experimental de aulas públicas del primer ciclo de Infantil, oferta que en las últimas décadas ha correspondido en la mayoría de municipios a la red privada. Por no hablar de la desaparición de la universalidad de la ayuda pública para la escolarización en guarderías, que irá por renta. En este sentido, la presidenta de Adeiv-Acade, Carmen Bardal, destacó que el sector sufre «una incertidumbre tremenda al tratarse de medidas que dificultan una elección libre».

En cuanto a los cambios en el acceso a los centros, la presidenta de Escacv, Vicenta Rodríguez, destacó que los titulares de los concertados «todavía están esperando a que se les invite a dar su opinión». «Cuando llegue el momento tenderemos nuestra mano, pues queremos que los padres puedan elegir el centro que más se adecúe a sus principios y valores. La sensibilidad que el decreto de admisión parece tener hacia los padres que eligen una opción pública debería existir también para los que optan por la concertada. Por eso nos gustaría mejorarlo», dijo.

En este sentido también se pronunció José Manuel Boquet, el máximo responsable de Feceval, cuando recordó que tras la llegada de los nuevos gestores se les prometió consenso en las medidas que afectaran al sector. «Hasta ahora no ha habido diálogo ni reflexión conjunta», señaló. Respecto al papel complementario de la educación concertada, destacó que la pluralidad es necesaria en democracia, en contraposición «al modelo único de escuela». «Sería positivo que se tuvieran en cuenta posturas ideológicas o actitudes distintas a las propias de la administración», añadió en relación a la necesidad de diálogo, que fue un tema recurrente. «Quizá si hubiera habido una voluntad sincera hacia parte de los actores de la comunidad educativa no habríamos llegado a esta situación», dijo Morro.

Desde el sindicato Uso, Marina Fresneda incidió en que los recortes han afectado a todos los trabajadores, y criticó que los profesores de la concertada no hayan recuperado parte de la extra eliminada en 2012 como sí ha sucedido con los de la pública. También consideró «un ataque» las declaraciones de Marzà sobre la 'barra libre' de conciertos.

La mesa no descarta movilizaciones -«dando razones, no haciendo eslóganes»- ni tampoco medidas legales si llega el caso. Además, está abierta a la adhesión de colectivos que asuman sus principios. Las primeras llegaron ayer por parte del PP. Isabel Bonig mostró su apoyo a la libertad de elección y el portavoz en Valencia, Alfonso Novo, dijo que es «una satisfacción ver cómo la sociedad se moviliza y responde ante los ataques contra este derecho básico».