La Comunitat, la más retrasada de España para eliminar el papel en los juzgados

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a que las comunicaciones de los operadores jurídicos (procuradores, abogados, secretarios..) y el juzgado se realicen a través de internet, ha entrado en vigor. Sin embargo, en la Comunitat su aplicación resulta, por el momento, imposible.

La Conselleria de Justicia ha reconocido recientemente que no dispone de los medios necesarios para dar este primer paso en la desaparición del papel con las garantías que merece el sistema. Esto no será factible hasta dentro de seis meses. Se trata de un hecho que ya de por sí revela las graves carencias que arrastran los juzgados de la región.

No obstante, la comparación con el resto de España evidencia todavía más la comprometida situación que padece la Comunitat. Es la única autonomía que se ha mostrado incapaz de cumplir -ni siquiera de manera parcial- con el mandato legal. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, así lo recordó durante su última comparecencia. Otras de las comunidades que no han llegado a tiempo a la entrada en vigor son Cataluña, Cantabria, País Vasco. Estas, al menos, comenzarán en Civil, Contencioso y Mercantil. Pero, de momento, excluyen el Penal. En la Comunitat tampoco esta posibilidad, como mal menor, ha sido posible.

El problema no sólo afecta a los abogados, que tendrán que continuar con la presentación física de sus escritos con el consiguiente gasto de papel. Los fiscales no disponen de las herramientas necesarias para desterrar el papel como forma de comunicación. Por poner un ejemplo, el ministerio público carece de conexión informática con los juzgados lo que hace inviable que se envíen de forma telemática los escritos. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ya advirtió hace una semana que la implantación en su departamento será paulatina en los diferentes órdenes. En la Comunitat esto dependerá inevitablemente de los medios que ponga en marcha la conselleria.

Una de las principales carencias -lejos de ser la única- es la falta de un equipamiento informático en condiciones. Los problemas son constantes y suponen una cuantiosa pérdida de tiempo para todos los funcionarios. La Generalitat calcula que a mediados de marzo tendrá ya instalados los más de 3.000 ordenadores que compró el anterior Consell y que permanecían en un almacén por la incompatibilidad de sistemas.

El plan del Ministerio de Justicia ha permitido conocer las diferentes velocidades en la modernización de la Justicia. Mientras las autonomías con las competencias transferidas son las que más retraso acumulan, las que dependen directamente del Gobierno central ya han puesto en marcha el sistema. Se trata de un primer paso. En seis meses será obligatorio que las administraciones adapten este método para comunicar con el juez. En 2017, lo deberán hacer los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el usuario cuando no requiere de un abogado.