Los aspirantes al TSJ coinciden en la necesidad de especialización y en mantener los refuerzos contra la corrupción

Los cuatro aspirantes a la presidencia del TSJ de la Comunitat han terminado ya la exposición de su proyecto a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Todos los aspirantes han coincidido en la necesidad de especialización de los profesionales, la comarcalización de los juzgados de violencia de género, los beneficios de los refuerzos en casos de corrupción y la conveniencia de profundizar en medidas alternativas al sistema como la mediación.

El primer candidato fue Pedro Castellano, el actual presidente de la sección cuarta de la Audiencia. El aspirante ha lamentado la enorme carga de trabajo de los magistrados y la necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo. Ha defendido y detallado un programa de especialización para jueces al igual que ocurre con los abogados y fiscales en distintas materias de Penal y Civil. Castellano ha concretado la necesidad de actuar en los juzgados que arrastran casos de corrupción, con los refuerzos que se requieran, en los órganos de familia y en la comarcalización de los juzgados de violencia.

A continuación, ha tomado la palabra el actual presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro. Ambos ya se han presentado con anterioridad a otras convocatorias a la presidencia del TSJ. Magro ha recordado el éxito de las iniciativas que se aplican en la provincia para proponer su extensión al Tribunal Superior en el caso de resultar elegido.En este sentido ha apuntado el proyecto de una oficina de coordinación institucional para víctimas de cualquier tipo y que conozcan los derechos que les asisten. Magro ha lanzado la idea de crear varias comisiones en las que se integren todos los operadores jurídicos para debatir de la Justicia y debatir soluciones. Ha considerado clave reducir la tasa de pendencia de los órganos y ha apuntado la mediación como una alternativa eficaz para lograr este objetivo.

Juan Mejías es el magistrado de Primera Instancia 15 de Valencia. Es la primera vez que aspira a un cargo de este tipo, situación que ha calificado como un honor. Su comparecencia ha pivotado sobre el ahorro de costes. Ha encargado un estudio económico que cifra en 177 millones de euros la reducción de gasto si se desvía sólo un diez por ciento de los asuntos de civil a mediación. Esta vía ha sido una de las grandes apuestas de Mejías, firme defensor de esta fórmula de resolución de conflictos. Ha impartido más de 150 cursos de la materia.

La actual presidenta, Pilar de la Oliva, ha sido la última en comparecer. Buena parte de su presentación ha consistido en recordar algunas de las cuestiones que ha abordado en su primer mandato. Por ejemplo, ha subrayado el impulso a los casos de corrupción y el refuerzo conseguido para afrontar la avalancha de demandas por las preferentes y la salida a bolsa de Bankia. Coincidió con otros compañeros en la necesidad de especialización, de mejorar sus condiciones de trabajo y la urgencia de poner en marcha el expediente electrónico e impulsar los servicios comunes.