Los primeros 100 millones por cerrar Castor salen este año del recibo del gas

Más de cien millones de euros saldrán durante el presente 2016 de las facturas del gas de los usuarios para compensar la paralización de los trabajos en el proyecto Castor de Vinaròs. La empresa que contaba con la concesión del almacén gasista renunció a la instalación y, tal como venía reflejado en el contrato firmado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, debe recibir en los próximos años 1.350 millones de euros.

Esta cantidad ha sido ya desembolsada a la sociedad Escal UGS (hispano-canadiense) gracias al acuerdo que alcanzó el Gobierno con distintos bancos, que adelantaron un préstamo para pagarla. De este modo, el dinero que salga ahora de los recibos de los españoles será para liquidar esta deuda, pese a que distintas asociaciones tratan por todos los medios de evitar la compensación, de momento sin fortuna.

El descontento llega porque aún se desconoce por qué se produjeron más de 500 terremotos en la zona. Los expertos, en principio, apuntan claramente a la inyección de gas colchón en el almacén, aunque durante el juicio los dirigentes de Escal negaron que así fuera. El nuevo juez (el tercero ya en dos años como adelantó este periódico) sigue con las investigaciones.

Lo que sí está ya claro es la cantidad que este año saldrá de las facturas del gas de los ciudadanos españoles. Así viene reflejado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 18 de diciembre, donde el Ejecutivo central describe los distintos pagos propios de 2016. Algunos de ellos, incluso, serán para la empresa, aunque renunciase al proyecto.

El artículo 4 de dicho escrito gubernamental lleva por título:

«Reconocimiento retribuciones de conformidad con el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre». Es decir, la normativa que estableció hace casi un año y medio el abono de la indemnización tras la renuncia de la sociedad hispano-canadiense (propiedad al 66% de la constructora ACS, cuyo presidente es Florentino Pérez, y el resto de la petrolera Dundee Energy) del proyecto Castor.

La empresa todavía recibirá más dinero por parte de todos los españoles, según lo que también recoge el BOE. El primero de sus apartados que habla sobre el almacén de gas asegura que sus anteriores propietarios deben recibir algo más de 4,5 millones «en concepto de costes de mantenimiento y operatividad de las instalaciones» desde el día que se aprobó la normativa, hasta el 30 de noviembre de 2014.

En lo que se refiere concretamente a la indemnización para Escal UGS (ahora ya, para pagar el préstamo a las entidades bancarias), el Gobierno destinará una partida de 80,6 millones de euros.

Cabe recordar que la instalación, en estos instantes, continúa en estado de hibernación después del trabajo llevado a cabo en la misma por parte de Enagás, sociedad a la que el Ministerio de Industria pidió que inertizara el proyecto. Ahora mismo no queda gas en la zona alta de la plataforma marina, ni tampoco en la planta terrestre situada en Vinaròs. Sí que permanece el inyectado por Escal en verano de 2013, el colchón que según los expertos en la materia provocó los movimientos de tierra. Este no se va a tocar, al menos de momento.

Pago a Enagás

Por todo ello, la empresa recibirá 15,7 millones de euros, prácticamente toda la inversión que costará mantener inactivo el almacén (son 17 en total) mientras el Gobierno decide si lo pone en marcha o, definitivamente, se desmonta como exigen los vecinos de la zona. Para tomar una decisión definitiva, el ministro de Industria, José Manuel Soria, espera los informes internacionales que ha solicitado y que no llegarán hasta finales de este año.

Por otra parte, el Gobierno también aguarda a que la justicia finalice su trabajo. Como consecuencia de los terremotos, la fiscalía de Castellón abrió diligencias y ahora es el juez quien se encuentra escuchando las declaraciones de los implicados en la puesta en marcha del almacén: miembros del Ejecutivo de Zapatero, del Instituto Geológico y Minero (IGME), así como los directivos de Escal, dos de los cuales deben ser llamados todavía.

La duda en estos instantes es si, como indican especialistas, fueron los trabajos de la empresa propiedad de ACS la que produjo los seísmos. Es lo que esperan conocer los residentes en Vinaròs, Benicarló, Peñíscola o de municipios del sur de Tarragona, que también se vieron afectados por los temblores.

Desde la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia siguen dando pasos para aclarar lo ocurrido y para eliminar la indemnización ya abonada. Su última decisión ha sido presentar la documentación pertinente a la Comisión Nacional de Mercados y Competencias (CNMC), puesto que consideran que el precio pagado no se ajusta al mercado.