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J. A. MARRAHÍ
Miércoles, 27 de enero 2016, 21:07
Las buenas cifras sobre descenso de delitos ofrecidas a principios de año por el Gobierno no terminan de contentar a quienes viven del campo. La razón es sencilla: los agricultores, aunque agradecidos por el esfuerzo de la Guardia Civil, siguen sufriendo importantes pérdidas que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cifra en 15 millones a lo largo de 2015.
Comparado con el año anterior, «no se aprecia una mejoría», pues el balance de pérdidas de 2014 a causa de la inseguridad era idéntico. Sólo 2013 fue peor. En ese año para olvidar en materia de saqueos en los campos valencianos los agricultores denunciaron pérdidas de aproximadamente 20 millones de euros.
Las cifras sobre el problema que la Delegación del Gobierno ofreció a principios de año mostraban una reducción de los delitos del 38% desde 2013, «gracias a la labor preventiva y a la investigación realizada por los grupos especializados de la Guardia Civil», según el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues.
Durante el pasado ejercicio, la Benemérita contabilizó un descenso del 25% en los robos y 674 arrestados hasta noviembre. Son prácticamente una media de dos detenciones al día por robar fruta, motores de riesgo, herramientas, cableado y otros muchos elementos necesarios para el día a día del agricultor.
En AVA reconocen el «meritorio trabajo para combatir la lacra, pero ese esfuerzo no puede llevarnos a engaño». Los ladrones «están organizados en bandas especializadas y siguen campando a sus anchas», asegura la organización profesional. En las últimas semanas asociados de l'Horta, la Ribera y la Costera han alertado de saqueos, tanto en instalaciones de riego como en cosechas de cítricos que ahora gozan de buenas cotizaciones.
«Esa y no otra es la realidad», concluyen. «Y las buenas cifras oficiales sobre el aumento de detenciones y el descenso de delitos agrarios es insuficiente para borrar la sensación de impotencia y desamparo de los agricultores y ganaderos». En opinión de los profesionales del campo, «la verdadera clave del problema radica en el destino de los malhechores reincidentes que son arrestados». Por el momento, en AVA no perciben los supuestos beneficios del endurecimiento de penas. «La reciente reforma del Código Penal no diluye la impresión de que los delincuentes que son arrestados entran por una puerta y salen por la otra a las pocas horas», critican desde la asociación.
Por eso sus demandas se concretan en una idea: «Queremos saber cuántos de estos delincuentes están en la cárcel». LAS PROVINCIAS trasladó esta consulta a la Delegación del Gobierno. Por el momento, no ha habido respuesta. Se habla de denuncias, se enumeran detenidos e imputados, pero no se han difundido cifras sobre las medidas judiciales que recaen sobre los sospechosos. En las reuniones periódicas entre representantes agrarios y fuerzas de seguridad, «no nos lo saben decir».
La clave, la reincidencia
Los hurtos comportan un aumento del castigo en varios casos. Si el valor de lo sustraído es menor de 500 euros pero provoca perjuicio grave acarrea entre 1 y 3 años de prisión. Similar castigo conlleva el hurto de cable o equipos de suministro eléctrico, entre otros. En caso de reincidencia, se contempla también un tipo agravado aplicable a los delincuentes habituales, aquellos con tres condenas por robo a sus espaldas.
En el caso de robos forzando puertas u otras estructuras la reforma elevó la pena a un intervalo de entre 2 y 5 años de prisión. También se agrava la adquisición de mercancía fuera de los cauces legales, con una pena que va de uno a tres años de prisión. Según expertos del Colegio de Abogados de Valencia consultados, «casi ninguno de los detenidos ingresa en prisión preventiva por estos delitos pese al endurecimiento de penas, a no ser que tengan un abultado historial de antecedentes penales o exista riesgo de fuga». En su opinión, «es pronto para poder conocer la influencia de la reforma. Quizá el efecto comenzará a notarse cuando los arrestados en los últimos meses sean juzgados».
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