Moragues negocia parar los recursos contra el derecho civil valenciano

Comienza la cuenta atrás. El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto debatir la constitucionalidad de tres leyes del derecho civil valenciano en el pleno del 3 y 4 de mayo. José Ramón Chirivella, presidente de la Associació de Juristes Valencians (AJV), señaló que si el Consejo de Ministros del viernes no ordena la retirada de los recursos interpuestos por el Ejecutivo ya poco se podrá hacer.

Chirivella explicó que la asociación mantuvo ayer un encuentro con el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, para pedirle que interceda ante el Gobierno para anular los recursos interpuestos ante el Constitucional contra los aspectos fundamentales que regulan las relaciones familiares: la ley de uniones de hecho, la de custodia compartida y la del régimen económico de los matrimonios.

Los recursos fueron interpuestos por los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy. Moragues, según relata Chirivella, se comprometió a interceder 'in extremis' ante el Ejecutivo para que los retire. El presidente de los juristas señaló que le habían transmitido la urgencia de la situación, ya que el problema «tenía que haberse solucionado ya. Tiempo ha habido».

El presidente de la AJV recordó al delegado en la Comunitat que las leyes habían sido aprobadas por los gobiernos autonómicos del PP con lo que los populares valencianos quedarían en una situación complicada si no conseguían paralizar los recursos.

Para el presidente de la AJV la declaración de inconstitucionalidad de estas leyes «supondría un paso atrás y perder lo ganado en los últimos años», ya que los valencianos perderían la capacidad de aprobar su propio ordenamiento civil, una facultad que se recoge en el Estatut.

Chirivella expresó que la actitud mostrada por Moragues fue muy receptiva y se había comprometido a trasladar el problema al Gobierno de forma urgente. Además, Chirivella consideró que los ministros valencianos, como García-Margallo, tendrían que demostrar una mayor implicación en el problema.

Hasta el momento 51 ayuntamientos se han adherido al manifiesto y en los próximos días también lo harán municipios como Algemesí, Alaquàs o Burjassot.

La anulación de estas leyes afectarían a casi 300.000 valencianos. Los nuevos matrimonios se adoptarán, por defecto, bajo el régimen de gananciales, fórmula apenas empleada en la actualidad. Con la derogación de la ley de custodia compartida se abriría la puerta a que parejas cuyo caso se dirimió en base a esa normativa consideren que pueda ser revisable y cuestionen la decisión adoptada en relación a la custodia de sus hijos y presenten recursos.

Además, se generaría una situación de incertidumbre para las uniones de hecho al no existir una normativa a nivel estatal.

«Situación catastrófica»

El presidente de la Asociación de Abuelos a favor de la Custodia compartida, Enrique Gómez, calificó la declaración de inconstitucionalidad de «situación catastrófica».

Por un lado, subrayó que había una vertiente afectiva, ya que muchos abuelos no podían ver a sus nietos, porque el cónyuge que se queda con la custodia no hace fácil las visitas. Pero, además, indicó el problema legal que supondría y la merma de autonomía que supondría para la Comunitat.

«No entiendo como el señor Rajoy puede dar de lado de esta forma a sus compañeros en la Comunitat. Nos consta que desde el PP valenciano se le ha pedido que actúe, pero no ha hecho nada», denunció. «Es una incompetencia del señor Rajoy», puntualizó.

La decana de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, María Elena Olmos, apuntó que el centro se había adherido al manifiesto de la asociación de juristas. «Supondría perder lo que hemos ganado desde que tenemos capacidad normativa en derecho civil», indicó Frutos, quien resaltó que conllevaría «un retroceso tanto para la comunidad autónoma como para los juristas».