El derrumbe de Cortes, seis meses en el limbo judicial

Con el aislamiento del municipio de Cortes de Pallás afortunadamente solucionado, desde que a finales de diciembre la obra de la Diputación y de Iberdrola dejara expedita la carretera que quedó sepultada bajo 14.000 metros cúbicos de roca, la investigación judicial sobre las causas del corrimiento de tierra es lo que no ha tenido todavía su último capítulo. Después de que, a finales del pasado mes de octubre, el juzgado de instrucción número 1 de Requena diera por practicadas «todas las diligencias acordadas», el caso paso a manos de la Fiscalía. El ministerio público debía entrar en la fase del «informe», para señalar si solicitaba alguna diligencia más o daba la causa por finiquitada.

A día de hoy, ni desde Fiscalía ni desde el Tribunal Superior han comunicado novedad alguna sobre el proceso de investigación del derrumbamiento, que incluso llegó a causar heridas leves a un vigilante de la central eléctrica, por lo que la causa judicial seguiría abierta.

Conservación del monte

Como ya informó LAS PROVINCIAS, fuentes municipales indicaron que los informes solicitados por la juez (a Iberdrola, al propio Ayuntamiento de Cortes y, sobre todo, a la Policía Judicial) apuntaban a vincular lo sucedido con las abundantes lluvias caídas en las semanas previas al corrimiento de tierra. La petición del juzgado al realizar una pericial específica fue determinar «si el desprendimiento fue motivado exclusivamente por causas naturales o si influyeron aspectos relacionados con el estado de conservación». Como publicó en exclusiva este periódico, un informe del Instituto Geológico y Minero señaló la presencia de circunstancias que aumentaron «la susceptibilidad de la ladera a ser inestable», entre ellas las vibraciones sufridas por el macizo con la perforación de túneles para crear la red subterránea de la central de Iberdrola.

Las citadas fuentes municipales señalaron que los informes pedidos por el juzgado y aportados a la causa también mencionaban la inestabilidad de la ladera y las vibraciones, pero sin darles un papel determinante ni desencadenante sobre lo sucedido.

La causa iba a ser remitida desde el juzgado de instrucción número uno de Requena hasta el coordinador de Incendios de la Fiscalía de Valencia, encargado de determinar si se practicaba alguna diligencia más, como puntualizaron desde el ministerio público.

En octubre, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat no facilitaron más contenido de las diligencias practicadas ni el pronunciamiento exacto de los informes sobre las causas del hundimiento, más allá de la incidencia del agua acumulada por la lluvia que subrayaron fuentes municipales.

Desde ese instante, el procedimiento quedaba en manos del informe de la Fiscalía, que debía dictaminar si considera suficientes las pruebas practicadas, si se han aclarado todos los extremos relativos al derrumbe o si hay que llevar a cabo alguna otra diligencia de investigación. La causa quedó así «pendiente de lo que la Fiscalía diga», como puntualizaron a finales de año desde el Tribunal Superior de Justicia.

Riesgo geológico

La rapidez no ha sido precisamente una tónica en la instrucción de este caso. Tras producirse el derrumbe en abril, el juzgado de Requena recibió a finales de mes un primer atestado preliminar de la Guardia Civil sobre lo sucedido, pero en pleno verano, cuatro meses después del siniestro, aún no había recibido los otros dos exámenes de expertos. Entre agosto y octubre, la investigación se ha acelerado, hasta culminar con el envío de la causa a la Fiscalía.

Tras el hundimiento de 7.000 metros cúbicos de tierra y piedras, LAS PROVINCIAS publicó cómo numerosos estudios hablaban ya de la fragilidad de la zona de Cortes en la que se halla enclavada la central. Así, un informe de la sección de Ingeniería del Terreno y Urbanismo de la Politécnica ya subrayaba el riesgo geológico «muy alto» del citado paraje de Cortes de Pallás.