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DANIEL GUINDO
Miércoles, 11 de mayo 2016, 21:56
Hace una década, la Comunitat vivió un auténtico boom de intervenciones quirúrgicas para perder peso, y la colocación de una banda gástrica (cinta de silicona que presiona el estómago para incrementar la sensación de saciedad del paciente) era una de las operaciones estrella en las clínicas privadas valencianas.
El doctor Vicente Dolz, en poco más de una década, implantó más de 3.000 bandas, buena parte de ellas en Valencia. Sin embargo, las complicaciones no tardaron en aparecer y, con ellas, las demandas contra el cirujano (procesos judiciales que le acarrearon la inhabilitación) y hasta la creación de una asociación de afectados.
La operación de Gloria (nombre ficticio para preservar su intimidad) ha sido el último caso en salir a la luz, intervención que ha llevado al Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia a reabrir un nuevo proceso judicial contra Dolz después de que, en un primer momento, se acordara el sobreseimiento provisional. La afectada está siendo representada por los abogados Manolo Mata y Lola Lloret.
Los padres de Gloria no olvidan el fatídico día en que aceptaron que su hija, de 16 años, se iba a someter a la operación. «Un padre hace por sus hijos lo que puede y más», recuerdan. «Le advertimos que era menor y le preguntamos más de 20 si era legal, nos dijo que había operado hasta a niños de 12 años, que tenía mucha experiencia y que no había riesgo», añaden.
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Estas manifestaciones, sin embargo, no cuadran con la investigación realizada por la jefa de sección de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad en relación a las intervenciones quirúrgicas de cirugía bariátrica realizadas por el ahora encausado; informe que apunta que tenía un índice de complicaciones elevado, incluso fuera de rango estadístico. El auto también recoge que ni la edad de la paciente ni su índice de grasa corporal sugerían una obesidad mórbida que aconsejara la citada intervención.
«No queríamos que se operara, pero él la incitaba», describen los progenitores, que finalmente accedieron. Tras la intervención, que en total les supuso un coste de unos 11.000 euros, comenzó el calvario. «Debía estar unas horas en la habitación y salir del centro (fue operada en el hospital Virgen del Consuelo), pero empezó a encontrarse mal... Le había seccionado una arteria y se estaba encharcando», relatan. «La trasladaron a la UCI y llamamos a Dolz, pero no quería hacerse cargo. Lo pasamos fatal». Finalmente, tras una nueva intervención, dos doctores del centro consiguieron corregir el problema.
Gloria, tras tres días en la UCI, recibió el alta, pero no llegó a recuperarse. «Se ahogaba y seguíamos tratando con Dolz hasta que, de pronto un día, se le soltó la banda. Nos dijo: esto lo arreglo yo con 6.000 euros más. Le contesté que ya no iba a tocar más a mi hija».
Cinco años después, se abre un nuevo frente judicial para el médico al que, en la denuncia interpuesta por los afectados, se le acusa de un presunta negligencia profesional o imprudencia médica, caso que dirimirá el juez.
«Si lo llegamos a saber no ponemos a nuestra hija ante la muerte. Nos salió muy caro porque casi nos cuesta su vida», concluyen.
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