La admisión de alumnos de dos años abre otra batalla contra Educación en la Comunitat

La supresión de aulas y la negativa a concertar más unidades no es la única polémica que separa a los centros sostenidos por el concierto y la conselleria. Los cambios en la admisión también han generado otro frente que los padres están trasladando al Síndic de Greuges en forma de quejas.

La campaña, impulsada por Escuelas Católicas y Feceval, las dos principales patronales de la Comunitat, pone el foco en el diferente trato que reciben las familias que tienen niños escolarizados en aulas de dos años (no concertadas) respecto a sus homólogos en los centros públicos que desde este curso disponen de estas unidades. Los primeros no tendrán más remedio que pasar por el proceso de admisión para acceder al segundo ciclo de Infantil (tres años), ya incluido en el concierto, con la consiguiente baremación, mientras que para los segundos el pase será automático.

El modelo que se ha hecho llegar a los padres denuncia que el decreto de admisión «fue dictado cuando mi hijo ya estaba matriculado en el centro y que dicha normativa dificulta y obstaculiza la continuidad de la escolarización en el colegio al no poder valorarse que ya estaba matriculado en el mismo». Se considera que es un «agravio comparativo y un trato discriminatorio» respecto a las aulas públicas de dos años y que se vulnera, entre otras, la Ley de Protección Jurídica del Menor.

La intención es que lleguen al defensor del pueblo la mayor cantidad de quejas posibles. También se han implicado escuelas infantiles que tenían un acuerdo de colaboración con colegios concertados para facilitar la entrada en el segundo ciclo de Infantil. Con la normativa anterior, a las familias se les facilitaba el acceso con el punto de libre elección por parte del centro, que ha desaparecido. Con el sistema actual, se corre el riesgo de quedarse sin plaza.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat Ximo Puig terció el miércoles en la polémica sobre la supresión de aulas. Defendió que los concertados «no están amenazados» y que su gobierno «respeta a todas las personas y todas las opiniones», antes de destacar que quieren «una educación pública, universal, gratuita y de calidad». Defendió que si se han cerrado aulas «es porque ha bajado la matrícula y porque ha habido una reordenación del interés general favorable a los padres».

Por su parte, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa), como miembro de la Mesa por la Educación en Libertad, reiteró el martes la invitación al conseller para participar en un debate «con luz y taquígrafos» para que «los ciudadanos puedan valorar si existe o no ataque a la educación concertada». La organización criticó además que, pese a lo asegurado por el conseller, «no ha mantenido contacto directo alguno con esta federación» pese a las peticiones realizadas. «Quizá el señor Marzà confunde esa supuesta reunión específica con la reunión que mantuvo con cuatro representantes de la Mesa por espacio de unos cuarenta minutos», señalaron en un comunicado.