Justicia, condenada a pagar 2,7 millones al almacén de coches decomisados

La empresa que durante los últimos 15 años se ha encargado de almacenar y custodiar los vehículos decomisados por los juzgados de Valencia cobrará por fin los 2,7 millones de euros que le adeuda la Generalitat. Ahora no son promesas o declaraciones de buenas intenciones. El depósito Jaime Mackintosh cuenta ya con el respaldo de la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha condenado a la Conselleria a abonar la citada cantidad, aunque la exime de hacerse cargo de los intereses por el retraso y de las costas del procedimiento.

El depósito judicial ha arrastrado una enorme deuda, como la inmensa mayoría de proveedores de la Administración. Acumulaba pagos de vehículos que llegaron a sus instalaciones a principios de 2000 y que los jueces demoraron su destrucción o devolución al propietario. Hace ahora un año se atisbó una solución al llegar a un acuerdo con la Conselleria de Justicia. El DOCV publicó la aprobación de cinco expedientes de enriquecimiento injusto, es decir, reconocía que no había transferido ese dinero a las empresas encargadas de prestar el servicio.

El depósito para la provincia de Valencia cobraba desde el inicio de esta prestación 3,11 euros. Pero, de nuevo el retraso en la Conselleria, desde donde le prometían que en una semana se arreglaba todo, obligó a acudir a los tribunales. Inútil resultó una carta enviada al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para desatascar el asunto.

No es el único pronunciamiento favorable que recibe esta mercantil en los últimos meses. La Sala de lo Contencioso también decidió recientemente anular la adjudicación del depósito judicial a la empresa Stock Circuit SL. Durante la etapa de Serafín Castellano al frente de Justicia, a principios de 2014, se sacó a concurso este servicio. Hasta entonces no se había hecho nunca. Concurrieron Mackintosh, otra empresa y la citada Stock Circuit. Todos los lotes fueron para esta última. Los recurrentes, sin embargo, alegaban que la beneficiada había incumplido numerosos requisitos. El TSJ resolvió a su favor. La adjudicataria no proporcionó los datos de una subcontrata en el momento oportuno. Ahora la Conselleria de Justicia está a la espera de que el alto tribunal aclare qué hacer: si repite el concurso o se lo da a una de las empresas que ya se presentó.