El TSJ para los pies al Ayuntamiento de Cheste en su plan antidesahucios

«Instar al poder judicial a que no recabe o solicite ayuda de esta corporación para la ejecución de sentencias hipotecarias de viviendas habituales para familias de nuestro pueblo, especialmente la relativa a la intervención de la Policía Local de Cheste». Así reza uno de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de la localidad a través de una moción aprobada el pasado mes de mayo por el pleno municipal en la que declina participar «de esta injusticia social con medios municipales».

Otro de los acuerdos que incluye la moción, impulsada por Esquerra Unida, Compromís y el PSOE a instancias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Hoya de Buñol-Chiva, es el de comunicar el contenido de la misma al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), así como al resto de alcaldes de la comarca, a Les Corts y al Congreso de los Diputados.

Este asunto se trataba en la sesión del 8 de junio de la comisión de la sala de gobierno del Alto Tribunal, que acordó hacer saber al citado consistorio que, conforme a los artículos 118 de la Constitución Española y 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, «los poderes públicos están obligados a colaborar con el poder judicial y a atender los requerimientos que se les efectúe para la plena efectividad de la Administración de Justicia». La sala no tuvo dudas y la decisión se adoptó por unanimidad de los miembros de la comisión.

Tras esta contestación, también queda en el aire otro de los acuerdos adoptados, que se centraba en «continuar apoyando y trabajando conjuntamente con el colectivo PAH de la Hoya de Buñol-Chiva para intentar frenar cualquier intento de desahucio por sentencia hipotecaria de viviendas habituales de familias de nuestro pueblo». De esta forma, el consistorio de Cheste no sólo quería mostrar su intención de no colaborar con la Justicia en los desahucios, sino también su apuesta por tratar de frenarlos apoyando a la PAH.

En el acuerdo, aprobado por el pleno extraordinario y que contó también con el voto favorable de los seis concejales del Partido Popular, el Ayuntamiento exige al Gobierno de España a que inste la modificación de la legislación hipotecaria española, «así como a reclamar también al conjunto de grupos con representación en el Congreso que se comprometan también de manera efectiva para poner fin a esta gran injusticia social».

En la exposición de motivos, la moción recoge que la obligación del Consistorio es la de «salvaguardar la dignidad de los vecinos de Cheste, velar por su bienestar y remover cuantos obstáculos sean necesarios para poner fin a una situación cuya injusticia social es compartida por todos».