La Abogacía cuestiona el decreto de residuos por invadir competencias municipales

La Abogacía de la Generalitat cuestiona el decreto-ley aprobado el pasado 10 de junio por el Consell y validado ayer en Les Corts por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la correcta gestión de los residuos municipales. La Generalitat podrá así llevar a cabo una intervención inmediata en la gestión de las basuras en sustitución de la correspondiente entidad local o consorcio «cuando se produzcan situaciones con posibilidad de afecciones ambientales o de riesgo para la salud de la población en general».

La Abogacía de la Generalitat considera que en lugar de haber utilizado un decreto-ley, el Consell tendría que haber optado por una modificación de la legislación. Recuerda que las competencias en el tratamiento de residuos son de los municipios. Para los letrados, no existe la urgencia que argumenta el Consell y consideran más adecuada la tramitación a través de un proyecto de ley.

La abogacía exige que se realicen algunas aclaraciones para evitar vulnerar las competencias municipales y recuerda que el margen de la actuación de la Generalitat «es muy limitado» y advierte que no puede vulnerarse legislación estatal básica.

Urgencia

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, presentó el decreto ante el pleno y aseguró que se trata de una medida urgente que será complementada con medidas legislativas, como el Plan Integral de Residuos y una nueva Ley de Residuos.

El socialista David Cerdán, por su lado, valoró que este es «el principio de un buen fin» para acabar con «el desastre de la gestión» del PP durante los últimos 20 años en materia de recursos. Instó a volver a la «sensatez» para acabar con un modelo de gestión que ha tenido dos «víctimas», por un lado los municipios y por otra los ciudadanos, que han tenido que «pagar más por un peor servicio».

Por su parte, Elisa Díaz del PP justificó la negativa de su grupo en que la Abogacía pone en duda la urgencia y necesidad. Denunció que con este «decretazo» evitan informes como el del CJC, la participación ciudadana y pueden así «usurpar una competencias de los ayuntamientos».

El decreto ley modifica los artículos 6, 8 y 36 de la Ley 10/2000, de Residuos de la Comunitat. También se cambia el artículo 4 de la Ley 12/2010 relativo al régimen jurídico de Vaersa. Señala que hay zonas que aún no disponen de proyectos de gestión o el consorcio ha rescindido el contrato. Ante ello, se cree necesario habilitar la actuación de los medios propios de la Generalitat y se contempla la posibilidad de que Vaersa pueda prestar de forma directa y de manera inmediata los servicios públicos de su competencia.