Las universidades han contratado a 125 profesores saltándose la ley

El último informe de la Intervención de la Generalitat ha revelado que las cinco universidades valencianas no respetan de manera escrupulosa la legalidad vigente. La Cuenta General, el exhaustivo dosier que analiza toda la contratación del sector público, muestra que la gestión de las instituciones académicas contiene varias irregularidades. Todas coinciden en repetir, con mayor o menor intensidad, la contratación ilegal de personal docente e investigador. Se trata, según detalla el trabajo de los auditores, de profesionales que ya han agotado el periodo de contratación máximo previsto por la ley y que ya no podrían seguir en la institución. Sin embargo, los centros quieren seguir contando con estos empleados, y los convierten en personal interino. Esto se consigue a través de la controvertida figura del «profesor contratado doctor interino».

Las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana recurrieron a esta fórmula durante el año 2015. En total, 125 empleados docentes e investigadores se vieron beneficiados por esta argucia administrativa que les permitió seguir sin que se les realizaran pruebas de mérito para acceder a estos puestos laborales. Lo que se consigue de esta forma es «restringir el acceso a estos puestos al personal que previamente venía prestando servicios en la Universitat en una determinada relación laboral de carácter temporal». De este modo, se vulneran tanto los principios constitucionales de igualdad y publicidad de acceso al empleo público como la Ley Orgánica de Universidades, según recogen los informes publicados por la Intervención de la Generalitat.

La Universitat de València se sitúa a la cabeza de esta práctica. El informe detalla que 66 profesores fueron contratados a través de este método. La Universidad de Alicante le sigue con 27 contrataciones en este sentido. La Jaume I (16 profesores) y la Politécnica (12) completan el listado de irregularidades. Casi de manera testimonial aparece la Miguel Hernández, con sólo cuatro casos detectados. Precisa el informe que el hecho de que esto, en algún centro, fuera aprobado por el director general de Universidades de la Conselleria de Educación «no subsana las anteriores deficiencias».

En otros casos las irregularidades son de mayor calado. En la Universitat de València, la de Elche y el Politécnico se efectuaron las contrataciones del personal sin que la Conselleria de Hacienda las autorizara, de forma que se incumplió la Ley de Presupuestos de la Generalitat.

Lógicamente una de las principales recomendaciones de los auditores en sus investigaciones es la convocatoria de oposiciones para estas plazas, aunque sean de carácter temporal.

Las irregularidades también afectan a los salarios por encima del máximo permitido por la Ley. Esto ocurre en la Universidad de Alicante. Lo más llamativo es que esta irregularidad ya fue advertida por los especialistas el año anterior, pero sigue sin corregirse. El centro no aplicó en su día (2010) el recorte de un cinco por ciento en las nóminas como medida extraordinaria para la disminución del déficit público. El incumplimiento de esta orden ha hecho que se abonen casi 700.000 euros de más.

Existe otra deficiencia que se repite de años anteriores. La mayor parte de las personas que presentan el escrito de solicitud de compatibilidad lo hacen con posterioridad a que comience su actividad o incluso se llega a cobrar antes de que se autorice. Otra coincidencia de todos los centros públicos se da con determinados procesos de contratación. Existe un «inadecuado» seguimiento, control y justificación de algunas de las adjudicaciones. En este sentido, recuerdan los interventores que los centros al contar con un gran entramado de escuelas, facultades e instituciones adjudican sin la transparencia que sería deseable en un organismo de este tipo.