La Diputación de Valencia estudia cómo evitar el pago de las cotizaciones de los técnicos municipales

Las cuotas de los últimos cuatro años que Inspección de Trabajo reclama a los municipios valencianos con menos de 5.000 habitantes oscilan entre 20.000 y 40.000 euros. Esa es la cifra que, en caso de que se desestimaran sus alegaciones, tendrían que abonar 187 consistorios por contratar a unos técnicos que desempeñaron su trabajo como profesionales externos pero cobraron como autónomos. El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, se reunió ayer con el delegado de Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, los responsables de Inspección de Trabajo y la diputada de la corporación provincial Conxa García. La corporación recordó su postura: apoyar a los ayuntamientos afectados "hasta el final".

La Diputación mantiene convenios con distintos colegios profesionales desde hace tres décadas. De esta forma, los ayuntamientos pueden disponer de la asistencia de técnicos profesionales. Sin embargo, la Inspección de Trabajo considera ahora que estos trabajadores deberían haber estado inscritos en la Seguridad Social y reclama a los consistorios los pagos de 2012 hasta 2015.

Los responsables implicados analizaron el conflicto de los municipios. Los cargos de la Diputación subrayaron el "malestar" que esta circunstancia ha generado en los ayuntamientos afectados y adelantaron las graves consecuencias económicas que puede ocasionarles.N No obstante, la Inspección basó su argumento en la "defensa de los derechos de los trabajadores" porque entiende que los profesionales establecieron una relación laboral con los municipios en lugar de desarrollar actividades por su cuenta.

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, por su parte, aclaró que no se trata de una cuestión "política sino juríridica" que no está plenamente resuelta porque existen sentencias contradictorias. Además, anunció que se reunirá con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para intentar encontrar una solución.

En el caso de que se negaran las alegaciones de los consistorios, el siguiente paso sería un recurso ante la Tesorería de la Seguridad Social. Si también fuera rechazado,quedaría abierta la vía judicial.

La diputada provincial Conxa García remarcó que desde su departamento se «centralizarán las acciones y proporcionará asistencia jurídica».