El Consell retrasa seis meses más la concesión de ayudas a los dependientes

«Hemos trabajado en un plan de choque para eliminar en tres años la lista de espera, que incluye un cambio en la manera de valorar la dependencia». Acabar con el atasco de ayudas a la dependencia en la Comunitat, con más de 30.000 valencianos en lista de espera y a la cola de España en proporción de ayudas es uno de los caballos de batalla del Gobierno, uno de sus símbolos en sus políticas solidarias. La frase que abre esta información es una de las máximas expresadas por la vicepresidenta Mónica Oltra y máxima responsable de la materia. Pero una cosa es la teoría de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que encabeza la vicepresidenta, y otra cosa la realidad. Los hechos.

«Ponemos en su conocimiento que la resolución de este expediente está prevista para el primer semestre de 2017». Tal y como se desprende de la respuesta dada por la administración al menos a media docena de afectados por los retrasos en la valoración de casos de dependencia y concesión de ayudas, el Consell está añadiendo un retraso de al menos seis meses en la resolución de estos casos.

Así se desprende de media decena de dictámenes del Síndic de Greugues de la Comunitat, organismo al que se han dirigido decenas de afectados por los retrasos al solventar las ayudas. Las resoluciones del organismo acerca del pronunciamiento de la cartera que encabeza Mónica Oltra son rotundas: «La respuesta que nos transmite la conselleria respecto a la nueva demora en la resolución del expediente no es aceptable desde el punto de vista del respeto a los derechos de la persona afectada».

Excusa de la conselleria

En otro de los expedientes publicados por el Síndic, la entidad no duda al «achacar la demora a la pasividad o inacción de los órganos encargados en la tramitación del expediente». Los dictámenes califican de «incomprensible la referencia a una falta de documentación (como posible elemento para retrasar aún más la resolución si no están todos los papeles presentados) por parte del interesado, actitud que parece servir de excusa a la conselleria para justificar el retraso producido».

Uno de los argumentos más aducidos desde Igualdad y Políticas Inclusivas para excusarse acerca del atasco en la resolución de expedientes y concesión de ayudas radica en la 'herencia recibida'. Tras su llegada al poder, los responsables del tripartito pusieron sobre la mesa una y otra vez un «tapón de 45.000 personas pendientes de valorar del ejercicio anterior».

Sin embargo, los dictámenes del Síndic constatan cómo algunos de los casos se han actualizado durante el periodo de gobierno del actual Consell. «Recomendamos que habiendo transcurrido 16 meses desde la solicitud de renovación de su situación de dependencia, habiéndose incumplido ampliamente la obligación legal de resolver en el plazo de seis meses, proceda de manera urgente a reconocer y otorgar las prestación es», subraya uno de los informes emitidos a finales del mes pasado por el Síndic. Ese plazo significa que las peticiones de al menos uno de los afectados se incluyen ya dentro del plazo en el que gobernaba el nuevo Ejecutivo, y no se tramitaron durante la etapa previa del PP.

El problema, el dinero

Los expedientes del ente de la Comunitat, que no cesan de recordar a Igualdad y Políticas Inclusivas la «obligación legal de resolver en plazo», ponen el dedo en la llaga. Es decir, señalan cuál es el problema del origen de las dilaciones: el dinero. «Recomendamos a la conselleria que consigne las dotaciones presupuestarias necesarias para hacer efectivo el derecho a la percepción de las prestaciones por dependencia», es el rotundo párrafo del Síndic.

El organismo incluso recomienda a los afectados que reclamen los intereses que les puedan corresponder por el retraso una vez reciban la concesión de la ayuda. «Recomendamos el reconocimiento del derecho a la percepción de los efectos retroactivos de la prestación», subraya el Síndic.