Justicia envía las pruebas de ADN de Valencia a Barcelona al tener su máquina inutilizada cuatro años

El portugués Edgar Soares saltaba de alegría cuando una prueba de ADN demostró que su semen no se correspondía con el descubierto en la víctima de una agresión sexual en los jardines del Turia de Valencia. Con arreglo a otros indicios, estuvo en prisión preventiva casi un año como único sospechosos de esa violación hasta que los resultados confirmaron su inocencia. En julio de 2011 fue juzgado y absuelto. «Fui a la cárcel y soy inocente. Me salvó el ADN. Soy padre y jamás haría algo así», expuso en declaraciones a LAS PROVINCIAS.

Su caso define a la perfección la importancia en la agilidad de los cotejos criminalísticos de tipo genético que el Instituto de Medicina Legal (IML), dependiente de la Conselleria de Justicia, no puede realizar desde hace aproximadamente cuatro años. En esencia, hablamos de pruebas de ADN correspondientes a casos judicializados en toda la Comunitat por homicidios, agresiones graves o violaciones.

¿Cuál es el problema? La máquina encargada de esta función «está en buen estado y no está estropeada», como confirmaron fuentes de Justicia. Pero por cuestiones administrativas precisa de una certificación oficial para las pruebas de criminalística cuyo procedimiento se acaba de iniciar.

Por ese motivo desde hace cuatro años las muestras se tienen que enviar a Barcelona y eso, según forenses consultados, conlleva retrasos. Es una provisionalidad que, sin embargo, cumple casi media década. Antes de 2012, cuando los análisis podían realizarse en Valencia, se tardaba una media de dos meses en obtener los resultados. Con el forzoso envío a Barcelona se han llegado a producir tardanzas de entre cinco y seis meses.

El analizador genético valenciano sí está operativo para análisis de asuntos civiles: las pruebas de ADN de paternidad. Son sus capacidades para las investigaciones criminalísticas las que permanecen en hibernación hasta que no llegue esa anhelada certificación. La inutilidad del instrumento para este cometido se remonta a 2012, tras la entrada en vigor de la Ley de Bases Genéticas de Uso Forense. Hacía falta una modernización de componentes y una certificación posterior para que sus resultados gozaran de la adecuada validez legal.

Así, pese a quedarse legalmente inútil para cotejos criminalísticos, siguió empleándose en asuntos civiles de pruebas de parentesco, pues la ley lo permitía. Pero volvió a caer en desgracia meses después y se estropeó, por lo que desde entonces este tipo de muestras tampoco podían hacerse ya en Valencia y se mandaban a los laboratorios catalanes, dependientes del Instituto Nacional de Toxicología. El dispositivo entró así en un periodo de desuso absoluto.

Ya a finales de 2014, con la esperada reparación del aparato, la Comunitat recuperó sólo la mitad de su autonomía forense en materia de ADN. Es decir, las pruebas civiles de parentesco ya se pueden hacer en la región pero para las penales habrá que esperar a que la máquina pase el lento proceso de certificación y auditoría por parte de la Empresa Nacional de Acreditaciones (ENAC).

Preocupación judicial

Los juzgados valencianos han mostrado en varias ocasiones su preocupación por la tardanza de los resultados de pruebas genéticas. Cada año se envía a Barcelona una media de 200 muestras de ADN de asuntos judiciales valencianos procedentes del IML. La inmensa mayoría, nueve de cada diez, corresponden a investigaciones por agresiones sexuales.

En estos casos una muestra de semen del sospechoso viaja a la comunidad vecina (junto con restos bajo duda extraídos de la víctima, de su ropa o de otros tejidos) para que la máquina establezca si existen o no coincidencias genéticas. Los resultados regresan de vuelta a los laboratorios del IML o bien directamente al juzgado que investiga el caso, que dispone así de una importante prueba científica para tomar decisiones. Por ejemplo, si el resultado del cotejo es negativo, un detenido por violación que estuviera en prisión preventiva podría quedar en libertad gracias a la prueba de ADN.

El resto de comparaciones, aunque menos frecuentes, son propias de homicidios o identificaciones de personas que han aparecido muertas e indocumentadas, esqueletizadas o en irreconocible estado de descomposición. La importancia de que el aparato sea plenamente operativo radica también en su carácter autonómico. De él dependen asuntos en fase de instrucción procedentes de juzgados de Alicante, Valencia y Castellón.

La Conselleria de Justicia confió el jueves en resolver el asunto «en breve», como ya hicieron los equipos que le han precedido en este departamento autonómico. «Se ha iniciado ya el procedimiento de certificación para su posterior presentación ante el ENAC», explicaron. Justicia es consciente de la importancia de realizar cotejos de ADN en Valencia, pero no concretó una fecha para la solución del problema.