Fiscalía investiga un agujero de 240.000 euros en el Colegio de Graduados Sociales

La Fiscalía de Alicante está investigando un supuesto agujero contable de 240.000 euros en el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante. La denuncia fue interpuesta por el Consejo Geneal de Colegios de Graduados Sociales de España el pasado 12 de septiembre y se acusa al exdecano, Francisco Méndez Jara, de irregularidades contables, según explicó ayer a este diario su sucesora en el cargo, María Antonia Oliva Verdú. Méndez Jara, que llevaba tres lustros en el cargo y que dimitió de modo sorpresivo el 4 de agosto, como ya anticipó este diario el mes pasado, negó ayer a este periódico cualquier irregularidad y dijo que «tengo la conciencia muy tranquila, porque todos los gastos están justificados».

La junta directiva en funciones celebró anteanoche una asamblea extraordinaria informativa tras la renuncia al cargo de Méndez Jara. Acudieron decenas de colegiados de los mil ejercientes y no ejercientes que pertenecen a este importante colectivo profesional experto en asuntos de relaciones laborales y en materia de Seguridad Social e intermediarios directos de la Inspección de Trabajo, el Fogasa, el INSS o la Tesorería General.

En esa junta, la presidenta en funciones, María Antonia Oliva Verdú, explicó a los colegiados que «un primer informe del Consejo General de Colegios de Graduados de España había detectado un agujero de unos 240.000 euros». Este dinero se correspondería con envíos que supuestamente el Colegio hacía al Consejo de Madrid en pago por la elaboración de informes de expertos para lograr que los colegiados alicantinos obtuvieran el beneficio de la justicia gratuita y el turno de oficio. Oliva Verdú, que fue tesorera durante al menos un mandato de Méndez Jara, aseguró ayer a este diario que parte de ese dinero también se destinó a otro tipo de gastos de funcionamiento de la entidad colegial.

Oliva Verdú, que fue nombrada vicepresienta segunda el 13 de julio y que afirma que «tenía la mosca detrás de la oreja», preguntó al Consejo General por la elaboración de esos estudios y el coste y «me dijeron que no era cierto» el encargo. El 4 de agosto Méndez Jara dimitió como presidente en Alicante y como secretario general en el Consejo de España. Este órgano colegial superior envió, entonces, una circular a los mil colegiados de la provincia para advertirles de que «se habían observado una serie de irregularidades en la gestión» del ahora denunciado.

La decana en funciones desconoce el estado procesal de la denuncia ante el Ministerio Fiscal presentada por el Consejo el 12 de septiembre. Además, el Consejo ha reclamado a una consultora independiente una auditoría urgente de las cuentas del año 2015, que aún no han sido aprobadas, añade Oliva Verdú. Para satisfacer esos supuestos trabajos y la ayuda económica que había solicitado Madrid al colegio de Alicante, el órgano alicantino que presidía Méndez Jara solicitó un crédito de 50.000 euros a una entidad bancaria y una garantía hipotecaria por otros 200.000 euros sobre la sede colegial, que es en propiedad, situada en la céntrica calle Serrano de Alicante. Oliva Verdú, que era tesorera del equipo de Méndez Jara, no oculta su sorpresa por la dimisión y todo lo conocido hasta ahora: «La junta de gobierno del Colegio estaba muy segura con él, había mucha confianza, por eso estamos más sorprendidos aún, pero en lugar de apartarnos y dejar que entre una gestora seguimos aquí apechugando para solucionar los problemas y sin dejar de ofrecer servicio y actividad formativa y de todo tipo», explica la presidenta. Cree que es inevitable que la imagen del colegio y del colectivo profesional se vea ahora salpicada por los hechos, «aunque vamos a tratar de perjudicar lo menos posible a todos».

Oliva Verdú mantiene desde agosto reuniones y hasta la fecha con diferentes estamentos como Tesorería de la Seguridad Social, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Fogasa, Servicio de Mediación y Arbitraje Laboral (Smac), Concejalía de Empleo de Alicante y otros. Oliva Verdú añade que Méndez Jara le ha comunicado a la junta directiva que dimitió «por problemas personales» y que, «en otras circunstancias, podría refinanciar las deudas, pero que no puede», añade la presidenta.