El Consell dice que Coepa es inviable y le pide al juez que la liquide ya

Coepa es insalvable y debe ser liquidada ya. Así lo pone de manifiesto la Abogacía de la Generalitat Valenciana, en representación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el principal acreedor de la moribunda patronal alicantina, a la que prestó 3,2 millones de euros para la construcción del polémico centro de oficios. La Abogacía pide al juez de lo Mercantil que instruye el concurso de acreedores de la organización empresarial que preside, en funciones, Francisco Gómez que rechace la propuesta de convenio con los acreedores mediante el cual quería blindar su supervivencia.

El juez admitió a trámite el pasado día 3 la propuesta de convenio de acreedores, según auto que fue notificado a la Abogacía de la Generalitat, que apenas una semana después reaccionó a través del abogado de la Generalitat Fernando Núñez, tras presentar un recurso de reposición contra dicha admisión a trámite. Cree el abogado que Coepa no se atiene a los artículos 114 y 100.3 de la Ley Concursal del año 2003 «al no cumplir la propuesta de convenio presentada las exigencias establecidas en la normativa de aplicación».

La Generalitat se opone a la admisión a trámite al entender que «existen defectos que hacen que no se pueda considerar que cumplen con los requisitos de tiempo, forma y contenido». Considera que «se trataría de un convenio liquidatorio y el artículo 100.3 prohíbe este tipo de convenios, pues el resultado de lo que cobraría un acreedor, caso de que se cumpliera el convenio, se acerca más al resultado de los concursos que acaban en liquidación que al de los concursos aprobados por empresas viables».

«Dación en pago encubierta»

El pago de los créditos pendientes no estaría garantizado. Ni siquiera el suyo, que es de 3,2 millones de euros en calidad del IVF de acreedor con privilegio y un crédito con privilegio especial sobre el centro de oficios, valorado y tasado en 4,4 millones de euros. El plan de viabilidad de Coepa prevé que se le pague con el importe de la venta de dicho bien. La Abogacía considera que la venta de dicha finca daría un importe que «dudosamente podría cubrir el pago del citado privilegio, con lo cual realmente se está encubriendo una dación en pago, obviando la tramitación de los convenios de dación cuyo contenido se permite actualmente».

El IVF pide con su recurso de reposición que se revoque el auto de fecha 3 de octubre y acuerde denegar la admisión a trámite de la propuesta del convenio, en que se prevé para los acreedores ordinarios y subordinados una quita del 95% y el pago del 5% restante en el plazo de seis meses desde que la sentencia sea firme aprobando el convenio. Este contundente escrito de la Abogacía de la Generalitat se produce después de que los primeros días de agosto el jefe del Consell, Ximo Puig, recibiera en Alicante, en una cita privada, al presidente de Coepa, Francisco Gómez, al que pidió un plan de viabilidad sobre el centro de oficios. Ahora, la Generalitat dictamina que Coepa no es viable y que tiene que liquidarse y extinguirse. «El convenio no aporta ninguna oferta conforme a lo establecido en el artículo 100 de la Ley Concursal que permita prever que se podrá realizar la venta al precio que refleja la tasación solicitada, por lo que se trataría de un convenio objetivamente inviable».

Al recurso de reposición presentado el día 11 por la Abogacía de la Generalitat reacciona el administrador concursal con otro escrito enviado al Juzgado de lo Mercantil en el que defiende el plan de viabilidad de la patronal frente a las acusaciones del IVF. El administrador, el conocido abogado mercantilista Luis Fernando Alonso Saura, niega que el convenio de acreedores sea liquidatorio porque no plantea la enajenación de todo el patrimonio de Coepa para pagar a los acreedores. Viene a decir que, aunque se contempla la venta del polémico centro de oficios de Babel, no se prevé la venta de más activos por parte de la patronal. Además, rebate el argumento sobre ilegalidad en la dación en pago, que la Abogacía califica de «encubierta», para saldar la deuda de 3,2 millones. Insiste en que el crédito reconocido por valor de 3,2 millones con privilegio especial del IVF, como acreedor privilegiado, se prevé en el plan de viabilidad como pago al acreedor tras la venta.