El PP en la Diputación exige a la oposición que concrete las supuestas irregularidades

El diputado de Presidencia de la Diputación de Alicante, el 'popular' Carlos Castillo, reclamó ayer a los grupos de la oposición (PSPV, Compromís y EU) que concreten en la Comisión de Investigación -que hoy viernes tiene prevista su primera sesión de trabajo- las posibles irregularidades de la gestión del PP en la institución provincial durante los últimos 12 años. La Comisión analizará el período de los mandatos de los 'populares' José Joaquín Ripoll -para quien la Fiscalía pide penas de prisión por presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja- y Luisa Pastor.

Castillo hizo declaraciones a los medios tras la firma del convenio de colaboración entre la Diputación y la Cámara de Comercio, presidida por Juan Bautista Riera, para el programa de apoyo a la red provincial de viveros de empresas.

Así, Castillo afirma que la Comisión de Investigación está «perfectamente constituida y validada» después de que los servicios jurídicos hayan «aclarado» las «dudas interpretativas» sobre la representación de las formaciones políticas en la Comisión -en proporcionalidad política del Pleno-. Por ello, dice que esta Comisión ahora lo que tiene que hacer es «responder al cometido para el que fue creada, que es revisar o investigar supuestas o presumibles irregularidades».

Critica que «hoy por hoy» todavía «no conocemos su contenido», por lo que insiste que «en numerosas ocasiones» ha reclamado a la oposición «que concrete dónde están esas posibles irregularidades, que especifique y concrete cuáles son los actos administrativos o expedientes objeto de esa investigación». Para eso, esperan que en la reunión de este viernes, programada a las 12.00 horas, se «concreten esas acciones» para que la Comisión cumpla con su finalidad.

Por otra parte, preguntado por la negativa de la Diputación a participar en el Fondo Municipal si el Consell no le abona 70 millones de euros en compensación por los servicios sanitarios prestados, Castillo indica que no quieren que vuelva a darse el «fiasco» que ha sido el programa de gratuidad de libros de texto 'Xarxa Llibres' «desde el punto de vista de la gestión económica, financiera y administrativa».

De hecho, apunta que la institución provincial ha perdido en la gestión de sus recursos unos 6 millones de euros, que ya no pueden ser destinados a gasto corriente, sino que en forma de remanente se tendrán que invertir en otros conceptos en 2017.

El diputado añade que la Generalitat les emplaza «nuevamente» a formar parte de un proyecto que requiere financiación también por parte de las diputaciones y alega que ya han tenido «una experiencia no muy positiva». A ello, añade que no conocen este plan y que debería «desarrollarse en el marco de una ley prevista en el artículo 63 del Estatuto de Autonomía», que no tienen constancia que exista o que haya algún proyecto legislativo al respecto.

Competencias y diálogo

Asimismo, indica que desde 2013 la Diputación está asumiendo unas competencias que no le son propias, que está financiando «exclusivamente» con su presupuesto y que cifra en unos 70 millones de euros. Por ello, vuelve a instar a la Generalitat a «sentarse a hablar» con la Diputación «no sólo de esto», sino de una agenda de cuestiones que afectan a ambos organismos y que «deberían concretarse en una Mesa de Trabajo seria», sobre todo «por respeto a los ciudadanos», ya que lo que hacen es administrar recursos.