El crimen de Polop, a un paso del juicio

El caso por el crimen del alcalde de Polop de La Marina Alejandro Ponsoda encara sus últimos compases. El último juez instructor que ha asumido una causa tan compleja que acumula alrededor de 40.000 folios se citó ayer frente a los siete sospechosos de urdir un plan para acabar con la vida del munícipe del PP. Según apunta la investigación, el principal actor de la trama era su número dos, el también popular Juan Cano, quien supuestamente no habría dudado en planear en un club de alterne junto a varios empresarios el encargo a tres pistoleros de culminar la sucia tarea. La noche del 19 de julio de 2007, a las puertas de su casa en Xirles, Ponsoda recibió tres impactos de bala que, tras ocho días de lucha en el hospital, le segaron la vida. Unos desconocidos llegaron, dispararon y se marcharon.

La Fiscalía y la acusación particular, que ejercen las hijas del entonces alcalde del municipio de 4.300 habitantes, solicitaron el enjuiciamiento de los procesados por el delito de asesinato. El sumario recoge una versión que han hilado durante años los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en torno al suceso y que encalló tras meses de pesquisas. No obstante, dos años después del crimen, llegaron las detenciones con, entre otros, el compañero de bancada en el Ayuntamiento.

Conversaciones en un club

Según recogen las miles de hojas de la causa, Cano supuestamente mantuvo contactos en el club Mesalina con sus responsables, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, además de con el empresario Salvador Ros, para contratar al ejecutor. El primer intento resultó fallido, pues el supuesto sicario al que iban a encargar el trabajo resultó ser el testigo protegido que reveló la turbia trama. Al parecer, el trabajo recayó en los polacos Radim Rakowsky y Robert Franek y en el extremeño Raúl Montero.

Tras dos intentos fracasados, ayer los reos acudieron todos y con sus letrados a la comparecencia que marca el fin de la instrucción del caso como previo paso a recalar ante el tribunal del jurado o, en caso de acordarlo el juez, en su archivo provisional.

Como si el tiempo se hubiera detenido en las presuntas reuniones entre barras de estriptis y champán que recoge el sumario, todos los sospechosos se reencontraron en la sede judicial, en lugar de un reservado del Mesalina, casi una década después de los fatales acontecimientos. Sus defensas pidieron dar carpetazo al asunto, pues siempre han defendido que carecen de pruebas contra ellos.

Es más, el letrado de Hermosilla, Francisco González, reiteró su petición de que el testigo protegido sea imputado.