Cholbi pide medidas para hacer viable las ayudas a la dependencia

El Síndic de Greuges de la Comunitat, José Cholbi, ha pedido a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que se adopten las "medidas organizativas y normativas" necesarias para "hacer viable la aplicación del derecho a las ayudas de la dependencia", según un comunicado del defensor del pueblo valenciano.

La nota de prensa dice que el Síndic de Greuges abrió una queja de oficio en abril pasado para conocer las modificaciones que estaba desarrollando la Conselleria de Igualdad, de manera transitoria y hasta la implantación de un nuevo modelo, mediante las cuales pasaba a asignar funciones de valoración de las personas en situación de dependencia a los trabajadores sociales de los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia (SMAD).

Como punto de partida, explica, la iniciativa se ha empezado a desarrollar de forma pionera en los ayuntamientos alicantinos y, progresivamente, se extenderá ese encargo a los de las provincias de Valencia y Castellón.

Uno de los datos que arroja la investigación llevada a cabo por esta institución es que "tan solo un 56,2 % de las personas valoradas como dependientes recibe las prestaciones a las que tienen derecho reconocido", afirma la nota de prensa.

Ello, añade, muestra que "la demora más significativa en todo este proceso se produce en la Resolución PIA, es decir, en la asignación de prestaciones concretas que conlleva, necesariamente, la disponibilidad del presupuesto".

El Síndic de Greuges comparte con la Conselleria "el indiscutible beneficio que supone, por su proximidad y conocimiento cercano de las necesidades de la ciudadanía, que los servicios sociales municipales se encarguen de la valoración de las personas que solicitan las ayudas de la dependencia", destaca el comunicado.

No obstante, asegura, "los datos ofrecidos por los ayuntamientos consultados por el Síndic (todos ellos con una población superior a 30.000 habitantes, en los que se acumula el 48 % de las solicitudes pendientes de valoración) son desoladores y el número de solicitudes valoradas hasta la fecha de acuerdo con los mismos es insignificante".

Los informes recibidos por los consistorios analizados "evidencian las dudas e inseguridades jurídicas expresadas por algunos de ellos, así como la dificultad para iniciar los procedimientos de valoración, en parte por la imposibilidad de acceder a los datos de las aplicaciones que la Conselleria utiliza para la gestión de la dependencia", expone.

Igualmente, los ayuntamientos "echan en falta instrucciones respecto a la forma de actuar para desbloquear la situación y ordenar el procedimiento de valoración (descentralizado solo en parte)", según el comunicado del Síndic de Greuges.

Otra preocupación que comparten las entidades locales consultadas es que "el coste económico derivado de las nuevas tareas excede al importe de la subvención de la Conselleria", señala.

"Además no esconden su inquietud por la obligación de desempeñar una función de coordinación que afecta a otros municipios de la comarca y para la que no existe respaldo legal. Todo ello sin saber si habrá continuidad del procedimiento a partir del 1 de enero del 2017", dice la nota de prensa.

Por ello, el Síndic de Greuges ha formulado una serie de recomendaciones, entre las cuales insta a adoptar medidas normativas y organizativas necesarias para que se puedan iniciar las funciones de valoración de acuerdo con el nuevo marco de competencias previsto por la Conselleria.

La asignación de nuevas competencias se formalizó mediante la resolución de concesión de subvención anual para la financiación de los servicios sociales especializados de Atención a la Dependencia, ampliando las obligaciones que ya venían desempeñando y añadiendo la obligación de realizar la valoración de situación de dependencia.

Por eso, esta institución estima oportuno que esta nueva tarea esté formalizada en un documento de encomienda de gestión, en el que se detallen el alcance, el contenido, las condiciones, la duración y el control de eficiencia que se reserva la Conselleria, así como los medios personales, materiales y económicos que se asignen para ello.

Igualmente, el defensor del pueblo valenciano urge a garantizar el carácter multiprofesional de los equipos de valoración y de los informes de evaluación que dan lugar a los dictámenes técnicos de valoración de dependencia.

También solicita la revisión del modelo de financiación previsto en la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para hacer viable su aplicación efectiva.