El plan del Consell para que los ayuntamientos valoren a dependientes no despega

El plan de choque puesto en marcha por la Generalitat en la provincia, de forma piloto, para que los ayuntamientos asuman la valoración de los dependientes y agilizar solicitudes no termina de despegar. Solo el 56,2% de las personas valoradas reciben las prestaciones a las que tienen derecho reconocido. Hay dudas y preocupación en los consistorios, que, además, advierten de que el coste económico por esta nueva tarea es superior al importe de la subvención que han recibido del Consell. El número de valoraciones que han realizado es «insignificante».

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de una resolución del Síndic de Greuges tras la queja de oficio que abrió el pasado abril. El informe señala que la demora más significativa se registra en la resolución del Programa Individual de Atención (PIA), es decir, en la asignación de las prestaciones que supone un presupuesto.

Hasta el mes de abril, el organismo que se encargaba de esta función era el Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), implantado por el PP, pero la «encomienda de la gestión» finalizó el 30 de abril tras una prórroga de 14 meses. El nuevo equipo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas decidió aplicar un sistema que se pilotaría en la provincia para agilizar los expedientes, dejando la valoración en los trabajadores sociales del Servicio de Atención a la Dependencia de los ayuntamientos (SMAD). Participaron en una formación semipresencial de 75 horas de duración.

La Conselleria acordó que ante al colapso de los expedientes y las lista de espera fueran las entidades municipales, -las más cercanas a los afectados-, las que asumieran esta función y el número de valoradores pasó de cinco a 105 a través del curso formativo. Recibieron una subvención. La situación en la provincia era especialmente grave. Desde diciembre del año 2012 y hasta mayo de 2014 no se había realizado ninguna valoración -según el Consell- y la lista de espera ascendía a 4.500 solicitudes, muchas de ellas con antigüedad de años.

Sin embargo, las cinco profesionales del IVAS afectadas y que perdieron su puesto de trabajo denunciaron la falta de preparación de los equipos municipales, donde no hay enfermeras, psicólogos o fisioterapeutas como es recomendable.

Sobrecarga

El Síndic, además de pedir información a la Conselleria, ha recopilado datos de ayuntamientos. Aunque el Defensor del Pueblo reconoce que la iniciativa es buena por la proximidad de estos servicios a los ciudadanos hay muchas dificultades.

Las cifras de los consistorios consultados (todos ellos con una población superior a 30.000 habitantes en los que se acumula el 48% de las solicitudes pendientes de valoración) «no pueden ser más desoladores». A pesar de que «hipotéticamente» se cuenta con un número mayor de valoradores -en referencia a los trabajadores sociales- que tienen otras muchas funciones asignadas, el número de solicitudes valoradas con el plan piloto es de «cero» (desde el 1 de mayo y hasta la fecha de emisión de los informes de la Conselleria). Por su parte, la Conselleria dice que se han realizado 105 desde el 4 de mayo y hasta el 27 de julio. «Suponemos que estas valoraciones se han realizado en ayuntamientos no consultados por el Síndic», reza el informe.

Para la institución, la formación que han recibido los trabajadores es insuficiente y echa en falta más profesionales en los equipos multidisciplinares. Los ayuntamientos muestran dudas e «inseguridad jurídica» sobre la nueva función que podría resolverse con la formalización de una «encomienda de gestión». Hay consistorios como el de Alicante que no han recibido instrucciones sobre el nuevo procedimiento y solo les ha sido facilitado un manual para utilizar el programa informático de la administración autonómica. En otros casos, como Dénia, las instrucciones han sido orales.

Los expedientes pendientes de valoración en la provincia ascendían a 3.828 solicitudes a fecha del 30 de abril y algunos son del año 2010. Sin embargo, hay consistorios reticentes a asumir las solicitudes de antes del plan piloto y muestran su preocupación por la «sobrecarga» y por los gastos al considerar insuficiente la subvención recibida por el Consell centrada en el coste de la «locomoción y medios informáticos».

Además, hay «inseguridad» sobre si continuará este modelo que ha supuesto aumentar las jornadas o plantillas. Por todo ello, el Síndic insta al departamento dirigido por Mónica Oltra a que adopten las «medidas organizativas y normativas» necesarias para «hacer viable la aplicación del derecho a las ayudas de la dependencia».