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Alicia Negre
Martes, 1 de noviembre 2016, 01:47
Sonaba el teléfono y, al descolgarlo, las víctimas tropezaban con una voz al otro lado que se identificaba como la propia Guardia Civil. Una banda ha estafado presuntamente a más de un millar de personas en todo el país, 19 en la provincia de Alicante, haciéndose pasar por representantes del Instituto Armado. Según explicó el cuerpo, esta organización, que se encontraba detrás de una comunidad de bienes de Madrid, solicitaba dinero para la inserción de publicidad en revistas oficiales de la Guardia Civil, pero lo hacía supuestamente simulando que hablaba en nombre de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La 'Operación Ropu' se salda, por el momento, con la detención en Madrid del presunto líder de la banda y de dos supuestos colaboradores. Se trata de tres vecinos de la capital con edades entre los 22 y los 50 años. Además, el Instituto Armado ha investigado -antes imputado- a otras 14 personas por presuntos delitos de estafa y falsedad documental y no se descartan más arrestos.
El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Jumilla. En esta localidad murciana, precisamente, arrancó la operación cuando, el pasado febrero, algunos agricultores de la zona advirtieron de que estaban recibiendo llamadas de personas que, identificándose como agentes de la Benemérita, les pedían colaboraciones económicas con la inserción de publicidad en revistas policiales. Según explicó el cuerpo, algunas víctimas, aún habiendo declinado expresamente su participación, habían recibido cargos en sus cuentas bancarias sin su consentimiento.
Las pesquisas de los investigadores permitieron localizar estas prácticas en la citada comunidad de bienes de Madrid, cuyo registro culminó con la detención de los tres presuntos miembros de la banda.
Varias facturaciones
La organización ahora desmantelada se dedicaba, presuntamente, a recabar publicidad en nombre de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, haciéndose pasar por miembros de estos cuerpos, con la finalidad de obtener anunciantes para revistas de temática policial, de asociacionismo profesional o sindicales. Entre los casos esclarecidos, según explicaron las fuentes, se encuentran víctimas que nunca recibieron la revista con la que colaboraban, otras que recibían otra distinta y otras a las que les facturaban por la inserción de publicidad en varias publicaciones, aunque solo habían autorizado su colaboración con una de ellas.
En la provincia han sido 19 las empresas y particulares perjudicados por este entramado. Dentro de este territorio, Catral, Alicante, Altea y Benidorm han sido las localidades que más casos han registrado.
La Benemérita recuerda que 'Guardia Civil' es una marca registrada y que la única revista oficial editada legalmente bajo el mismo nombre es una publicación que se sustenta de los suscriptores, en ningún caso de solicitudes externas de colaboración económica. Existen otras publicaciones relacionadas con la Guardia Civil o la Policía Nacional que emplean emblemas, logos o fotografías de ámbito profesional y que son editadas por asociaciones o sindicatos legales que, si bien no representan a estas instituciones, tratan temas de actualidad, asociacionismo profesional o temática policial.
Estas ediciones, digitales o impresas, se sufragan, en algunos casos, con la inserción de publicidad, todo lo cual se realiza en el marco legal, para lo que, generalmente, emplean la subcontrata de empresas de publicidad.
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