Aceptan una multa por la muerte de un operario que instalaba una placa solar

Un juzgado de lo Penal sentó ayer en el banquillo a los responsables de dos empresas y a un ingeniero por la caída mortal desde siete metros de un trabajador cuando colocaba una placa solar en una nave de Salinas. Los tres procesados admitieron las carencias de seguridad que detalló la Inspección de Trabajo tras investigar lo sucedido el 3 de junio de 2009, por lo que alcanzaron un acuerdo con la acusación para rebajar la sanción a una multa de 360 euros en lugar de los cuatro años de prisión que reclamaba el Ministerio Público de inicio, tal y como detallaron las fuentes jurídicas consultadas, al calificar lo ocurrido como falta en lugar de delito.

La mañana del accidente, en torno a las ocho y media, la víctima se encontraba instalando una placa solar en el techo de una de las naves que se ubican en la calle Canarias de la localidad. Sin embargo, trabajaba con un arnés que no se enganchó a ningún cable de seguridad y sin red con la que amortiguar una posible caída. Por ello, cuando el hombre se precipitó se produjo lesiones de tal gravedad que le provocaron la muerte casi de forma inmediata. Los hechos sucedieron como «consecuencia de la infracción de las normas de prevenciones laborales imputables» a los acusados, según la Fiscalía.

Además de la carencia de sistemas efectivos que hubieran evitado o paliado la caída, la Inspección detalló la falta de un coordinador de seguridad y salud al intervenir más de una mercantil en los trabajos. Esta figura debería haber velado por el cumplimiento de las normas en esta materia. «Máxime», indica la Fiscalía, «al incorporarse trabajadores nuevos, como el fallecido».

No obstante, y pese al acuerdo alcanzado entre las partes por la responsabilidad penal de lo sucedido, la vista oral deberá retomarse mañana para dirimir el destino de la cuantiosa indemnización para los herederos del hombre fallecido en el trágico suceso. La pareja sentimental desde hacía años del accidentado, representada por el letrado Manuel Maza Ruiz, y los progenitores del mismo se disputan el dinero que deberán abonar los responsables civiles por el siniestro. La Fiscalía les reclama la suma de 120.000 euros más los intereses legales desde que se produjo el óbito.