Cárcel por sustraer 203.000 euros de la cuenta del juzgado en el que trabajaba

La estrategia de confesar el desfalco e inculpar a su superior no le ha valido al acusado de saquear las cuentas del juzgado de Dénia en el que trabajaba como funcionario interino para librarse de la cárcel. La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a Vicente Andrés G.E. a cuatro años y ocho meses de prisión por sustraer, mediante la ordenación de mandamientos judiciales a terceras personas, 203.255 euros de la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado de Primera Instancia 1 de Dénia. La Sala lo considera culpable de los delitos de estafa agravada y falsedad en documento oficial, ya que tuvo que falsificar la firma de la letrada de la Administración de Justicia (antiguos secretarios) para poder llevar a término su plan, entre mayo de 2010 y noviembre de 2011.

El tribunal considera también que los beneficiarios de las cantidades, procedentes de expedientes que habían quedado en el olvido y que dentro de poco acabarían en las arcas del Estado, son culpables como miembros del entramado corrupto.

Lo «rocambolesco» e «increíble» de las versiones ofrecidas por los siete compinches del principal condenado ha llevado a los magistrados a imponerles penas que van desde los nueve meses de cárcel a los tres años. Todo ello, pese a que Vicente Andrés G.E. trató de exculparlos a todos comenzando su intervención en el juicio diciendo que los engañó a todos.

Según aseguró el reo en el juicio, celebrado hace un mes ante el tribunal de la Sección Secunda, lo hizo todo por orden de la letrada de la Administración de Justicia y un funcionario de rango superior al suyo. Unas implicaciones que carecen «absolutamente de racionalidad», según indica la Sala en la sentencia. Para los magistrados no tiene sentido el relato precisamente porque nada tiene que ver con lo dicho durante la fase de instrucción, cuando el procesado dijo que «se sentía arrepentido» además de que «actuó sin el conocimiento de ningún funcionario» del juzgado.

Fue la secretaria quien denunció los hechos tras advertir el desfalco un día que el penado se encontraba de baja. Por ello, el tribunal, «no atribuye credibilidad alguna» a las manifestaciones del enjuiciado, a quien consideran que se prevalió de su cargo como empleado público para perpetrar el saqueo.

El tribunal cree sin lugar a dudas que los coacusados «eran perfectamente conocedores de que presentaban falsos mandamientos de pagos» en los que figuraban como beneficiarios. «Conocían perfectamente», prosiguen los magistrados, «que carecían de saldos a su favor» pero, a pesar de ello, «se prestaron a que sus datos identificativos figuraran en los falsos mandamientos».

Los cómplices alegaron en el juicio haber ido a la entidad bancaria con el cabecilla a cobrar el dinero engañados. Uno de ellos adujo que el líder de la trama le dijo que el dinero pertenecía a los fondos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad destinado a los soplones. Otro detalló que la suma que acudió a desembolsar procedía del CNI, organismo al que, al parecer, tenía pensado ingresar gracias a la influencia de Vicente Andrés G.E.