Los empresarios de Valencia y Castellón salvan a Coepa y deciden remar juntos

La patronal alicantina Coepa, que se halla en concurso de acreedores desde la pasada primavera con un pasivo superior a 4,1 millones de euros, no acabará en liquidación. La palabra más decisiva la tienen hoy los cuarenta miembros del comité de la patronal regional Cierval, que apoyarán más que previsiblemente el plan de viabilidad y el convenio de acreedores que ha sido respaldado, primero, por el administrador concursal y, después, por el titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante. Ese plan establece una quita del 95% de la principal deuda ordinaria, que corresponde a Cierval en concepto de cuotas impagadas en los últimos años y que eleva la factura a 569.000 euros.

La decisión la adoptaron ayer el presidente de Cierval, José Vicente González, y los titulares de las tres confederaciones provinciales (Francisco Gómez, de Coepa; Salvador Navarro, de la CEV de Valencia; y Néstor Pascual, presidente de la gestora provisional de la CEC de Castellón). No se dejará caer ante el juez mercantil a Coepa y se aceptará el viernes, fecha prevista para la celebración de la junta general de acreedores, el convenio y el plan de viabilidad a ocho años.

Es más, los dirigentes de las cuatro organizaciones empresariales de la Comunitat con capacidad en la negociación colectiva y representación institucional, tomaron el acuerdo de «remar juntos en la misma dirección», según explicó al finalizar la cita, que se prolongó hasta bien entrada la tarde, el titular de Coepa y de la Asociación de la Empresa Familiar, Francisco Gómez.

No será necesario, en principio, ni que la propuesta de aceptación del convenio de acreedores de Coepa se vote por los cuarenta miembros de la junta directiva de Cierval. Al estar pactada la decisión adoptada, está previsto que se asuma el acuerdo y, en su caso, figure en el acta de la sesión si hay alguna intervención crítica o incluso negativa a dicho pacto. Hace justo un año, Coepa solicitó al juez mercantil el preconcurso de acreedores pocos días después de que el IVF pidiera en sede judicial el embargo de todos los bienes de la patronal para hacer frente al crédito de 3,2 millones de euros (capital principal más intereses naturales y de demora) que sirvió para construir el centro de oficios de Babel, el núcleo de los males que afectan a la confederación alicantina.

El principal escollo que tenía que salvar Coepa era la vecina patronal de valencia CEV, la más saneada de las cuatro. La patronal que preside Salvador Navarro era la más reacia a aceptar una quita tan abultada que permitirá a Coepa ahorrarse nada menos que 530.000 euros. Sin embargo, el encuentro de ayer sirvió para aunar criterios y crear una estrategia de salvación también para la confederación regional Cierval y la castellonense CEC.

Coepa debe 4,1 millones de euros. En su plan de viabilidad, respaldado por el juez (que tumbó hace unos días un intento por parte del IVF de inadmisión a trámite del convenio de acreedores e incluso le dio un tirón de orejas a la Abogacía de la Generalitat y el propio banco del Consell), Coepa establece tres escenarios. La quita del 95% de los 569.000 euros de la deuda de Cierval. En total, la deuda ordinaria asciende a 769.999 euros, con lo que Cierval concentra el 75%. A Cierval se le pagarán unos 35.000 euros en el plazo de seis meses, si la junta de acreedores lo aprueba el viernes y el juez da el plácet.

En el caso de la hipoteca por valor de 3,2 millones de euros con el IVF para el centro de oficios, Coepa prevé su venta o, en caso de no haber comprador, la ejecución hipotecaria. También en este caso, Coepa ha tomado aire en las últimas horas al cambiar el escenario. Como ayer indicó este diario, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, deja entrever que el centro de oficios será asumido como dación en pago para cancelar la deuda, tal y como ha dictaminado el juez en contra del criterio del IVF y de la Abogacía de la Generalitat al apelar al artículo 100.4 de la Ley Concursal para enajenar bienes de la entidad concursada al ser un medio para la obtención de recursos con el que cumplir los pagos comprometidos». «Tenemos que acatar el dictamen del juez y poco podemos decir», concluyó Soler, si bien pocas horas después trató de matizar sus palabras al afirmar que todo está bajo la lupa de la Abogacía de la Generalitat. El resto del débito, un millón de euros, se corresponde con indemnizaciones a la plantilla y dinero anticipado por el Fogasa. A pagar en ocho años. No ha trascendido si la renuncia a ese medio millón de euros por Cierval la abocará a solicitar también concurso.