El Gobierno lleva a los tribunales la alternativa a las reválidas de la Lomce que aplicó Marzà

La advertencia que lanzó el Ministerio de Educación ya es una realidad. El Gobierno central ha llevado a los tribunales la alternativa a las reválidas en Primaria que se aplicó en la Comunitat. El cambio que se introdujo en estas evaluaciones que recoge la Lomce ha acabado en los tribunales y ahora el TSJ deberá dirimir en el conflicto. Desde la Conselleria de Educación se muestran «muy tranquilos» porque «siempre» cumplen con la legalidad.

El conseller Vicent Marzà, -junto a los consejeros de Educación de otras autonomías socialistas-, rechazó el modelo de la Lomce para evaluar la adquisición de competencias de los estudiantes y que incluía 125 preguntas para los escolares de 3º de Primaria y más de 200 para los de 6º. El conseller se oponía a que evaluadores externos examinaran a los niños. ¿El motivo? Consideraba que el profesorado más próximo al alumno era el más competente para valorar su progreso y no personal ajeno. Esta evaluación supondría, además, a la Generalitat un coste de 600.000 euros.

Los exámenes a cargo de correctores externos fueron sustituidos por un informe final de evaluación continúa realizado por los docentes de cada centro. Aun así, la Conselleria decidió enviar a todos los colegios el modelo de la Lomce por si querían aplicarlo a sus alumnos entre el 7 y 17 de junio, pero siempre de forma voluntaria.

El Ministerio de Educación ha decidido interponer, finalmente, un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Conselleria del pasado 25 de mayo por la que se estableció este procedimiento de evaluación final en 3º y 6º. El TSJCV ha establecido un plazo de quince días para la personación de quienes tengan «interés legítimo en sostener la conformidad a derecho» de la disposición impugnada, según se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat.

Fuentes del Ministerio recordaron ayer que la Alta Inspección Educativa tras detectar irregularidades en las pruebas que iban a realizarse en la Comunitat envió a principios de junio un requerimiento. Esta carta de aviso también se remitió a otras autonomías (Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura y Baleares), pero el conseller siguió adelante con las pruebas. «Continuaremos con el mismo procedimiento porque da toda la información que corresponde a las familias y acompaña a nuestros alumnos y sus aprendizajes en el modelo de evaluación que hacen sus tutores que están con ellos todo el curso», insistió tras recibir el aviso.

Desde el departamento ministerial explicaron que el recurso ante el TSJ es por la falta de respuesta de la administración autonómica. Se le envió un requerimiento para que «se explicara» al detectar un incumplimiento de la ley, pero no recibieron respuesta, añadieron.

La judicialización de las reválidas no ha sorprendido a la Conselleria de Educación, que ha pedido también la eliminación de las pruebas finales en Bachillerato.

Marzà respondió ayer ante el recurso que la Generalitat «siempre cumple la legalidad vigente», y por tanto están «muy tranquilos» respecto a esta decisión del Gobierno.

El titular añadió que el Consell responde a todas las informaciones que se les piden por parte del Ministerio de Educación, cumpliendo así su voluntad de diálogo, lo que en su opinión «es la gran diferencia entre el Gobierno del Botánico y el Gobierno de Rajoy».