Los colegios concertados se quedan fuera de las ayudas para las bibliotecas escolares

El plan creado este año por la Conselleria de Educación para fomentar la lectura no ha tenido en cuenta las necesidades de los colegios concertados, pues la convocatoria ya está resuelta provisionalmente y se ha destinado únicamente a la red pública. Con una dotación total de 1,2 millones, ha beneficiado a 1.020 escuelas, que en el mejor de los casos podían recibir 3.000 euros para la compra de material bibliográfico o para la organización de actividades y talleres que sirvan para impulsar el hábito lector.

En la Comunitat los concertados nunca han sido incluidos en este tipo de planes. Con el anterior gobierno las ayudas que existieron para estos menesteres también se pusieron a disposición únicamente de los colegios públicos. Entonces se desprendían de un convenio firmado con el ministerio que limitaba los destinatarios. En este caso se financiaban con dinero de ambas administraciones, si bien es cierto que el Consell nunca llegó a ampliar su cobertura con medios propios.

En la resolución del nuevo programa se cita expresamente la ley orgánica vigente -la LOE modificada por la Lomce- que señala que las administraciones «completarán la dotación de las bibliotecas de los centros públicos de manera progresiva». Aunque se pudiera pensar que limita la posibilidad de las autonomías de abrir las ayudas a todos los colegios sostenidos con fondos públicos, algunos directores consultados explicaron que todo depende de la «voluntad política», ya que en otras autonomías sí existen subvenciones abiertas a los concertados.

En Galicia, una decena de escuelas de la red ha disfrutado este curso de las ayudas para la mejora de las bibliotecas -tanto a nivel de fondos como de equipamiento- a través de un proyecto piloto, pues hasta entonces se limitaban a los públicos. Se incorporan así al plan de fomento de la lectura de la comunidad, que lleva doce años en marcha. En la orden reguladora se cita el mismo artículo de la LOE que el destacado en la valenciana, aunque en relación a la importancia de las bibliotecas como recurso escolar, lo que indicaría que no hay limitación normativa estatal para financiar a los concertados. Lo mismo sucede en Extremadura, donde accedieron a los planes de ayuda en 2012. En la convocatoria de 2016 se detallan diferentes modalidades: desde mejorar los fondos con hasta 2.000 euros hasta ser incluido en la red de bibliotecas escolares de la comunidad, lo que exige más condiciones y permite conseguir 4.000.

En cuanto a Asturias, las convocatorias se impulsaron en años anteriores y más que para la compra de ejemplares se destinaban hasta 1.500 euros para tareas de gestión, integración de las bibliotecas en la actividad ordinaria o el fomento del trabajo por proyectos. Ciudades como Pamplona o autonomías como Murcia también apuestan únicamente por subvencionar a la red pública.

Por otro lado, la convocatoria valenciana hace mención expresa a la necesidad de facilitar el desarrollo del plan lector de cada colegio, que es de aplicación obligatoria tanto en los públicos como en los concertados. En síntesis, recoge las actuaciones a realizar por cada uno para el fomento del hábito habida cuenta de los beneficios pedagógicos que supone para los alumnos.

Las ayudas de la Comunitat, referidas a este curso, incluyen algunas obligaciones. Por ejemplo es necesario que la mitad de la dotación recibida se dedique a fondos o actividades en valenciano, se deben priorizar los ejemplares no novelísticos relacionados con el currículum y las compras han de diversificarse (no más de cinco manuales iguales).

Este curso los concertados ya no han podido acceder a los auxiliares de lengua extranjera, un programa ministerial que permite contar con nativos que ayudan en las aulas. En los últimos años los gestores populares incluyeron centros de esta red, lo que provocó, según conselleria, el apercibimiento del Gobierno, por lo que se les sacó de la convocatoria. En cuanto a la formación permanente del profesorado, se llegó a exponer un borrador que dejaba fuera a los profesionales de la concertada de las ayudas previstas.