Casi 1.400 maltratadas recurren en 8 meses al Consell para recibir apoyo

Mujer soltera de entre 35 y 44 años es el perfil principal de quienes acuden a las oficinas de ayuda a víctimas de delitos (OAVD) en la provincia en busca de ayuda e información. Este año, hasta el mes de agosto, 1.391 mujeres maltratadas dieron el paso para encontrar consejo jurídico. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, acudió ayer a Alicante para informar sobre la reestructuración de este servicio, que hasta este año presta la Fundación de Ayuda a las Víctimas de Delitos (Favide) y que a partir de 2017 asumirá la Generalitat de forma directa.

La provincia contará tras la nueva ordenación con dos oficinas de carácter provincial en Elche y Alicante en la que trabajarán no solo letrados sino también psicólogos, trabajadores sociales y criminólogos y que darán servicio a toda la provincia. Además, a las OAVD existentes en los partidos judiciales de Benidorm, Alcoy, Orihuela, Torrevieja y Dénia se sumará una más en Elda. La mayoría sufrirán pequeñas reformas de ampliación, aunque para la sede de Alicante, que permanecerá en el Palacio de Justicia, ya se han adjudicado las obras de mejora.

La Generalitat ha destinado a esta reestructuración 1,1 millones de euros de presupuesto para el próximo año, según detallo Bravo, una cantidad que se sumará a los 1,5 millones de dotación económica asignada para dicho ejercicio a Favide. «El motivo de este cambio ha sido garantizar los derechos fundamentales de las personas, especialmente de las más vulnerables, para que se sientan escuchadas», como aseguró la consellera.

Los cambios motivarán que se tenga que ejecutar un ERE extintivo de la fundación, donde prestan servicio actualmente 33 abogados. La responsable de Justicia detalló que estudian cómo integrar a la mayoría de profesionales que actualmente prestan servicio en Favide. Al cuerpo de letrados, se incorporarán especialistas de la psicología, criminología y trabajos sociales para atender a las víctimas, que entre enero y agosto del 2016 en un 80% fueron mujeres.

Además, destaca que, pese a que casi el 40% de los usuarios de las OAVD disponen de empleo, en su mayoría cuentan con una economía baja, como reflejan los datos aportados ayer por la consellera Gabriela Bravo. «Queremos proporcionar una asistencia integral y multidisciplinar a las víctimas», según detalló Bravo en la sede del Consell en Alicante, así como «un plan de actuación y protocolos específicos para cada caso».

La Conselleria buscará igualmente coordinarse con los órganos judiciales de cada partido, la Fiscalía, los servicios sociales y las fuerzas de seguridad para desarrollar mejor su labor.