Cáritas alerta del riesgo de que Sanidad suprima la ayuda para enfermos de VIH

Hoy se celebra el Día Mundial del Sida y en Cáritas Diocesana están muy preocupados. El proyecto de atención que desde hace una década gestionan puede quedarse sin una parte importante de su financiación. Se trata de la Casa Veritas, única residencia de la Comunitat de estas características y que cuenta con 14 plazas para afectados por VIH/sida que carecen de recursos económicos y de apoyo familiar, y del piso tutelado para la reinserción. Dos recursos necesarios para cubrir una atención a la que no llegan las administraciones y que la organización de la Diócesis de Orihuela-Alicante gestiona desde hace más de una década.

Con motivo de esta conmemoración que sirve para concienciar a la población sobre la pandemia, Cáritas envió ayer un comunicado para reclamar «un trabajo transversal que aborde las relaciones entre exclusión social y salud» que sufren los afectados por VIH. Pero también aprovechó el comunicado para lamentar «el cambio de la financiación del proyecto Veritas desde la Dirección General de Salud Pública que deja desprotegidas a personas gravemente enfermas». La Conselleria de Sanidad «da por finalizada» la ayuda que hasta el momento sostenía el proyecto. «A pesar de ello, Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante muestra su intención de conseguir la colaboración necesaria por parte de la administración pública que posibilite la continuidad de su labor social y personal desarrollada en dicho proyecto a favor de las personas más vulnerables», añadieron.

El director de Cáritas, Jaime Pérez, explicó que la financiación de Sanidad asciende a 239.000 euros, una partida presupuestaria que en los últimos años y con la crisis económica ha ido descendiendo (estaba en 300.000). El resto, hasta alcanzar los 500.000 euros, lo aporta Cáritas. Una importante inversión para cubrir la atención integral que reciben los pacientes, muchos de ellos con patologías asociadas, discapacidades y que no tienen hogar. La rehabilitación y la reinserción laboral son los principales objetivos que se persiguen y algunos -los que están en un mejor estado de salud- logran pasar al piso tutelado donde se lleva a cabo la última fase de la inserción, siempre intentando recuperar vínculos sociales o afectivos perdidos.

Pérez reconoció que la situación es «muy dolorosa» al tratarse de un recurso único donde acuden pacientes remitidos por los propios hospitales y centros sociales. «Esperamos que reconsideren la decisión y den una solución por el bien de la propia administración porque nosotros lo único que hacemos es ayudar ante una demanda social», señaló Pérez. A mediados del pasado mes recibieron la noticia de la supresión de la ayuda por parte de Salud Pública y de que la vía de futuro para recibir financiación era acudir a la Conselleria de Bienestar Social (ahora de Igualdad y Políticas Inclusivas) y presentarse a posibles convocatorias de subvenciones. El problema es que el próximo 1 de enero se quedarían ya sin la aportación. «¿Qué hacemos entonces?», se preguntó el director, quien añadió que actualmente se está en conversaciones para que la administración aporte una solución que permita garantizar la atención de los usuarios.

Desde Sanidad respondieron tras preguntar por la denuncia de Cáritas que la Conselleria «sí que va a mantener para el próximo año la financiación de este programa».