Las viviendas sociales que ofrece el Consell están ocupadas o inhabitables

O están ya ocupadas o están en obras para su reforma o son inhabitables. Y a las puertas aguardan aproximadamente 9.000 personas con riesgo de quedarse sin techo por falta recursos. Está es la complicada situación que atraviesa el parque de viviendas de alquiler social que gestiona la Generalitat.

Se trata de hogares destinados a los más necesitados: personas que se quedan en la calle por un desahucio, víctimas de malos tratos protegidas por la ley o familias con recursos mínimos en riesgo de exclusión social. En definitiva, un salvavidas público para el derecho a la vivienda digna que funciona con el sistema de alquiler con bonificaciones de hasta el 90% para las personas menos pudientes. En su gestión está implicada la Conselleria de Vivienda, en colaboración con Igualdad y Políticas Inclusivas y los servicios sociales municipales.

Según los últimos datos facilitados por Vivienda, el parque público de hogares sociales se compone de 13.542 casas. «Desde la conselleria se están haciendo grandes esfuerzos para dignificarlo, pues la falta de inversión del anterior gobierno autonómico dejó como herencia 700 viviendas en estado ruinoso», criticaron fuentes del departamento.

Pero lo cierto es que desde el cambio de legislatura en 2015 los presupuestos tampoco parecen haber llegado para ampliar el parque de hogares. Y eso que la demanda social lo pide a gritos. Según los datos facilitados por Vivienda, a principios de noviembre había alrededor de 9.000 solicitudes pendientes. Son 3.600 personas más que a principios de octubre de 2015. Es decir, la lista de espera se ha incrementado un 66% en poco más de un año.

En esta tesitura, la estrategia de la Generalitat se ha centrado en reformar esos 700 inmuebles que se encontró deteriorados e inhabitables en verano de 2015. Hasta la fecha se han arreglado y entregado a personas necesitadas 329. El resto o están en obras (41 pisos) o pendientes de valoración para acometer la reforma en breve (108).

De esas 329 viviendas entregadas desde el inicio de la legislatura, 58 se han cedido a afectados por los desahucios, un colectivo que en mayo podría engrosar aún más las listas de espera al finalizar la moratoria gubernamental que les permite permanecer en sus casas. Según Vivienda, otros 36 pisos han ido a parar a víctimas de malos tratos.

Con las matemáticas en la mano, resulta obvio es que el parque de viviendas sociales sigue siendo escaso en relación a esas 9.000 personas en lista de espera. Es decir, aún reformando todas las casas ruinosas y dejando el parque actual en perfecto estado, la bolsa de solicitantes sólo se reduciría en un 4%.

Preguntada por una posible ampliación del número de viviendas sociales, la Generalitat alude al proyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda que se está debatiendo esta semana en Les Corts. «La conselleria deberá desarrollar en un plazo máximo de dos años un plan plurianual de rehabilitación y ampliación del parque público que incluirá también la adaptación de un 10% de las viviendas para personas con diversidad funcional», expusieron ayer fuentes de Vivienda.