El PP se apoya en Sepulcre para sacar adelante las cuentas de la Diputación

El equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Alicante sacó ayer los presupuestos de la institución para 2017 gracias al apoyo del diputado no adscrito Fernando Sepulcre, al que el grupo popular aceptó siete de las 13 enmiendas presentadas, y el voto en contra del resto de la Corporación.

Los socialistas, pese a que habían comenzado a negociar con el equipo de gobierno la aprobación de varias enmiendas, se negaron a aprobar las cuentas porque no contemplaban la entrada en el Fondo de Cooperación Local que impulsa la Generalitat Valenciana; mientras que Compromís no quiso respaldarlas al entender que no se cumplían los criterios objetivos en el reparto de subvenciones a los municipios. También la diputada de EU, Raquel Pérez, tildó de «parroquianos» y «clientelares» los presupuestos.

Pero sus votos no fueron necesarios. Los populares tuvieron suficiente con el apoyo de Fernando Sepulcre, que logró sacar algunos de sus proyectos como la compra de televisores para las áreas de pediatría en los hospitales o diversas subvenciones. Al respecto, el diputado no adscrito tildó de «responsable» el borrador presentado.

Así, el presupuesto aprobado por la Diputación Provincial para 2017 asciende a 260 millones de euros en el capítulo de ingresos y a 238 millones en el de gastos, por tanto, con un superávit de 22 millones. «Demuestran que la institución está saneada y que no es necesario recurrir a los bancos para llevar adelante las inversiones», destacó el diputado de Economía, Carlos Castillo, en la presentación del borrador a la Cámara.

Se destinarán 72 millones de euros a los ayuntamientos para asegurar la prestación de los servicios básicos en los municipios y se aportarán 30 millones de euros a servicios sociales, incluidas las competencias asimiladas por el organismo provincial como el Doctor Esquerdo o el Hogar Provincial, que le cuesta veinte millones a las arcas alicantinas.

La Diputación invertirá 50,4 millones de euros en inversiones a municipios, de los que 44,8 son a través de convocatorias públicas (el 82,22% de los fondos), destacó Castillo ante las críticas de Compromís.

El responsable económico tuvo una agria disputa con el portavoz nacionalista, Gerard Fullana, quien le acusó de utilizar una «estrategia vil» para sacar adelante algunas votaciones al aprovechar la ausencia de diputados socialistas en anteriores Plenos. Este grupo pidió votar los presupuestos en un momento en que Sepulcre se había ausentado el Pleno, lo que provocó un momento de tensión, pero no fue más que un amago de la réplica que les dio Castillo: «Quien critica a las diputaciones es que prefiere el modelo de los Países Catalanes».

Gerard Fullana, lejos de amilanarse, acusó al portavoz popular de «utilizar a los enfermos mentales para hacer política», en alusión a las críticas de Castillo por las enmiendas socialistas para pedir la reducción del presupuesto del centro Doctor Esquerdo. Le pidió su dimisión por «no ser capaz de sacar adelante ninguna iniciativa» como la plantación de un millón de árboles o la una oficina provincial para la captación de fondos europeos.

A última hora

En medio del rifirrafe, el portavoz socialista, José Chulvi, se levantó enervado de su asiento, lo que obligó a intervenir al presidente para poner orden en el Pleno, que por un momento se volvió loco. El PSOE lideró una enmienda de última hora firmada por toda la oposición para restar 13,7 millones al borrador de diversas partidas para incluirlo en el Fondo de Cooperación, que fue rechazada por PP y Sepulcre.

La institución provincial no participará en el Fondo de Cooperación Municipal de 2017 impulsado por el Consell por motivos presupuestarios y supedita su adhesión desde 2018 a las negociaciones sobre la distribución de las ayudas y a la devolución de competencias impropias. Sobre ese punto, el presidente de la Diputación manifestó que su gobierno «no va a cerrar ninguna puerta» y «sigue abierto a la negociación» en cuanto a la posibilidad de que pueda haber un fondo de cooperación municipal el próximo año.

Sánchez pidió a Chulvi que trasladase esa voluntad del gobierno provincial al jefe del Consell, Ximo Puig.