R. A.
Jueves, 15 de diciembre 2016, 01:01
El Gobierno valenciano presentó ayer el Pacto Autonómico por la Salud Mental con el que busca devolver a las personas afectadas por estas enfermedades en la Comunitat sus derechos como ciudadanos y su dignidad, más allá de ofrecerles la atención médica necesaria.
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El Consell dio a conocer esta iniciativa a la sociedad civil y entidades implicadas en salud mental, con las que abrirá un proceso de participación que permita diseñar el futuro pacto y planificar sus medidas de implantación, desarrollo, financiación, evaluación y rendición de cuentas. El acuerdo fue firmado por la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y por la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en un acto presidido por el president de la Generalitat, Ximo Puig, celebrado en el Palau de la Generalitat. Puig destacó que se trata de un «primer paso» con el que se abre el camino para ofrecer a los valencianos una atención integral, tanto social como sanitaria, en materia de salud mental, no por una cuestión de «caridad» ni de «beneficencia», señaló, sino de «justicia» y de «derechos». Resaltó que todas las acciones del Consell que preside han estado orientadas a la reparación derechos, y hoy, -por ayer-, se da «un paso más» para recuperar el derecho de las personas con enfermedad mental a tener «una atención específica, singularizada y digna».
La consellera de Sanidad destacó que en torno al 20% de la población española ha padecido problemas metales en algún momento de su vida, lo que supone que 1,3 millones de valencianos están en riesgo de verse afectados por este tipo de enfermedades. Montón resaltó que este pacto supone «un antes y un después» para la salud mental en la Comunitat, pues esta iniciativa permitirá no solo tratar a los pacientes desde el punto de vista sanitario, sino también devolverles sus derechos como ciudadanos.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de la Comunitat Valenciana, Alfonso Rodríguez, señaló que es un día histórico» porque «tras 15 años hay un compromiso serio y una coordinación entre consellerias» para la salud mental que ha sido «siempre la gran olvidada y la hermana pobre». Rodríguez reclamó menos residencias en las que se recluya a los enfermos y más viviendas, que deben comenzar con pisos tutelados en los que se enseñe a los enfermos a llevar una vida independiente durante un par de años y que se complementen luego con una red de casas con precios sociales.
El presidente puso un ejemplo de la carencia de viviendas: en Alicante y su comarca para una población de 500.000 habitantes solo hay dos viviendas tuteladas, gestionadas por su asociación, y luego no hay viviendas de alquiler. «Es darles un caramelo en la boca para luego quitárselo», lamentó. Desde la asociación se apuntó que además de una «atención sanitaria completa» los enfermos requieren cubrir otras necesidades como el derecho al trabajo para poder acometer «un proyecto vital digno», lo que requiere de una formación específica previa.
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